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por Julio Cisneros
·La situación legal del expresidente Martín Vizcarra se complica ante la cercanía de la decisión que emitirá desde el Congreso de la República sobre el caso 'Richard Swing'. ¿De qué se trata este caso y quiénes son los demás involucrados? Encuentra todos los detalles en el siguiente informe.
Judiciales
Informe sobre el caso 'Richard Swing'.
El caso ‘Richard Swing’ se convirtió en el primer ‘dolor de cabeza’ para Martín Vizcarra durante su mandato como presidente de la República.
Todo comenzó a raíz de una denuncia periodística emitida en mayo de 2020, donde se reveló la existencia de contratos entre el Ministerio de Cultura y Richard Cisneros Carballido, conocido en el ámbito artístico como ‘Richard Swing’, quien fue señalado como una persona cercana a Martín Vizcarra durante su postulación en la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016.
Según esta denuncia, ‘Richard Swing’ contrató en nueve ocasiones con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo actividades que estaban fuera de su experiencia y formación, tales como charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto total de 175 mil soles. Incluso, dos de estos contratos fueron realizados en abril de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Pese a estos hechos, Cisneros Carballido defendió su trayectoria profesional durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Esto originó que la fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas iniciara una investigación preliminar contra aquellos que resulten responsables en este caso.
Después de varias diligencias, la magistrada logró que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar por siete días de ‘Richard Swing’ y otras siete personas, entre las que se encontraban las entonces secretarias del despacho presidencial, Mirian Morales y Karem Roca.
La fiscal Sánchez Porturas remitió un informe sobre los hechos que vinculan a Martín Vizcarra con el caso ‘Richard Swing’ al despacho de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien en noviembre de 2020 inició una investigación preliminar al exmandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción a la justicia.
En mayo de 2021, Ávalos Rivera presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra ante el Congreso de la República por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, mediante nueve órdenes de servicio, a pesar de que este no cumplía con el perfil exigido para prestar el servicio.
El caso Richard Cisneros
Delitos atribuidos a Vizcarra
Al exmandatario se le atribuye los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, negociación incompatible y obstrucción a la justicia en agravio del Estado, los cuales revisten gravedad, opinó la abogada penalista Romy Chang.
“No solamente hablamos del hecho de posibles actos de corrupción, sino también hablamos por lo que hemos escuchado de los audios. Y creo que es la principal fuente del Ministerio Público, hablamos de actos orientados a ocultar lo que realmente paso, a dar información al Ministerio Público, a dar declaraciones que no son conforme con la verdad”, sostuvo.
En esta denuncia constitucional, se ha incluido a las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén; por su participación directa en la adecuación de servicios en este sector para ser adjudicados a Richard Swing entre los años 2018 y 2020. También se les acusa de atender las llamadas de la exsecretaria de la Presidencia Miriam Morales, en relación con la contratación y pago a Cisneros Carballido por orden del entonces mandatario.
Con el visto bueno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe final de la denuncia constitucional pasa a la Comisión Permanente del Congreso para su revisión. Posteriormente, el Pleno del Parlamento Nacional tomará la decisión final.
En setiembre del 2021, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas pidió 6 años y 8 meses de prisión contra ‘Richard Swing’, así como 13 años y 4 meses de cárcel contra Miriam Morales y penas de 5 años y 4 meses de prisión, para 13 exfuncionarios implicados en el caso.
Este proceso penal se encuentra ahora en etapa de control de esta acusación fiscal como acto previo a la fase de juicio oral.
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Julio Cisneros Periodista
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