La exalcaldesa Susana Villarán enfrenta prisión preventiva por 18 meses. En la víspera declaró que sí sabía de los aportes que habían hecho las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Según la tesis de la Fiscalía, a cambio de los aportes, Villarán de la Puente benefició a las empresas con obras y concesiones de la Municipalidad de Lima.

El Equipo Especial del caso Lava Jato la investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

De acuerdo con la Fiscalía, Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro  presuntamente pidieron a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS un total de 6 millones de dólares [3 millones de dólares cada uno] para el financiamiento de la campaña del NO a la revocatoria.

En la hipótesis fiscal, a cambio de los aportes, la autoridad edil entregó la obra Vías Nuevas de Lima a la concesionaria Rutas de Lima de la empresa Odebrecht y amplió el plazo de concesión de la Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.

Durante la audiencia, la fiscal del caso Lava Jato Ángela Zuloaga indicó que el caso del NO a la revocatoria tiene una fuerte vinculación con la investigación de la campaña de reelección, debido a que ambos tienen similar ‘modus operandi’. Susana Villarán es investigada por el caso de su campaña de reelección en el 2014 por presuntamente haber recibido de OAS la suma de 4 millones de dólares. 

Estas son algunas claves de la indagación a la exalcalesa. 

1. Campaña de la NO a la revocatoria

Según la imputación fiscal, en el año 2013, la entonces alcaldesa y su gerente  municipal José Miguel Castro conformaron una “asociación ilícita” en la que realizaron “una serie de acciones con la intención de perpetuarse en el poder”, en medio del proceso de la revocatoria.

Para tal fin, Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez ordenaron la creación de la cuenta Amigos de Lima Metropolitana, con la “finalidad de que a través de esta ingrese los dineros maculados de las empresas Odebrecht y OAS”.

2. José Miguel Castro y la vinculación con las obras

De acuerdo con los fiscales, existe una directa vinculación entre el aporte a la campaña y la obra Rutas de Lima, debido a que el monto estaba descrito en las programaciones de las planillas de la Caja 2, bajo el “códinome Budian”.

En el interrogatorio a Barata, éste confirmó que Budian se trataba de José Miguel Castro.

La fiscal Ángela Zuloaga dijo que el contrato de concesión a Rutas de Lima se firmó el 9 de enero del 2013 y “que habría sido luego del pedido de dinero efectuado por Susana Villarán y José Miguel Castro”.  

Una observación importante que hizo la fiscal Ángela Zuloaga durante la audiencia es que el proyecto Vías Nuevas de Lima, adjudicado a Rutas de Lima, no contaba con la opinión favorable del Ministerio de Economía y que era obligatorio contarlo antes de la suscripción del contrato.

3. Declaración Jorge Barata

En su interrogatorio en Curitiba, Jorge Barata confirmó ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó dinero a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa. El fiscal Germán Juárez sostuvo que Barata corroboró sus declaraciones de hace un año e indicó que su testimonio ratifica las versiones brindadas por otros funcionarios investigados.

"(Barata) ha indicado que va a presentar documentación correspondiente para acreditar los pagos que se habrían realizado" para financiar la campaña del NO, dijo el fiscal Juárez. 

De acuerdo a Barata, los directivos de Odebrecht apoyaron a Villarán porque temían que de ser removida peligrarían las obras que la empresa realizaba para la ciudad. El empresario brasileño detalló  que el dinero se entregó de la cierta forma: 2 millones para el publicista Valdemir Garreta y un millón para José Miguel Castro, entonces gerente municipal de Villarán. 

Según la investigación fiscal, Jorge Barata confirmó que Susana Villarán de la Puente agradeció la entrega del dinero en una llamada telefónica.

La exalcaldesa ha admitido que recibió aportes de Odebrecht y OAS en su campaña del NO a la revocatoria. | Fuente: RPP Composición

4. Factor OAS

El 13 de febrero del 2013 y a solo semanas del día de la votación de la revocatoria, se firmó la adenda de Línea Amarilla que amplió los años de concesión del peaje. Según la Fiscalía, ello fue luego del pedido de dinero efectuado por Susana Villarán y José Miguel Castro.

El colaborador eficaz N.º 105-201963 ha señalado al Ministerio Público que ha inicios del 2013, Valfredo de Asis Ribeiro Filho, expresidente de OAS, fue citado al Palacio Municipal. Allí conversó con Susana Villarán, quien le dijo que el proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”.

En la versión de este colaborador eficaz, el exgerente municipal José Miguel Castro le pidió dinero a Valfredo de Asis para la campaña. Además, según la versión del colaborador, José Miguel Castro le dijo a Valfredo de Asis que la campaña por la NO revocatoria costaría 8 millones de dólares que serían “repartidos entre las empresas privadas con concesiones en la Municipalidad de Lima”.

En el documento fiscal, también se señala que el colaborador eficaz N.º 101-2019 declaró que “Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán” y su gerente municipal José Miguel Castro. Además, dijo que este último le pidió al expresidente de OAS “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán” por la suma de 4 millones de dólares. Pinheiro aceptó debido a que Castro señalaba que “por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”, reveló el colaborador.

5. Cuenta en la Banca Privada de Andorra

Según la Fiscalía, la cuenta creada en la Banca Privada de Andorra tenía como beneficiario final a Gabriel Prado, exgerente de seguridad ciudadana. Dicha cuenta, creada por la empresa Odebrecht, tuvo como finalidad recibir los fondos de la Caja 2 de la constructora brasileña, según lo declarado a los fiscales por Jorge Barata.

En su manifestación a los fiscales, el exdirectivo de Odebrecht reveló que, para la entrega de parte de los fondos restantes para la campaña, Castro Gutiérrez tuvo la idea de abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Gabriel Prado.

“Se generó una reunión entre Sanguinetti (funcionario uruguayo de la BPA), Castro y Prado. Yo no sé si le explicaron a Prado si era para el pago de la campaña. Pero la gente de la Banca Privada de Andorra sabía que eran pagos indebidos”, precisó Barata.


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