‘Vacunagate’: ¿Cuáles son las consecuencias legales para los altos funcionarios implicados en este caso?

El caso denominado como ‘vacunagate’, referido a la inoculación en secreto de la vacuna experimental de la farmacéutica Sinopharm a altos funcionarios, ha causado indignación en el país. RPP Noticias recoge en este informe el análisis de abogados penalistas en torno a las consecuencias en el ámbito legal de este caso para los altos funcionarios: el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una pesquisa preliminar contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Posteriormente, se amplió la investigación se incluyó a Mazzetti y Astete.

El abogado penalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Rafael Chanjan, dijo que los indicios conocidos hasta el momento ameritan una investigación a nivel administrativo, ético y también penal. “En caso de concusión, estamos hablando de aquel funcionario que obliga a una persona a que le entregue un beneficio, abusando de su poder. Por lo tanto, hay varios elementos que van a tener que comprobarse”, consideró.

De acuerdo a la relación de las personas vacunadas por fuera del ensayo clínico, el expresidente Martín Vizcarra figura con el número 81. Él recibió las dosis en octubre de forma secreta. En un primer momento, Vizcarra sostuvo que él fue "voluntario" en los ensayos clínicos de Sinopharm en el país, pero la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo del estudio, negó que figurase en los padrones de la prueba. El doctor Germán Málaga, jefe del programa de ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, aseguró ante una comisión del Congreso que Vizcarra expresó su interés en recibir la vacuna tras saber sobre la existencia de las dosis de vacuna activa.

En el caso del delito de negociación incompatible, Chanjan dijo que se deberá tener “mayores pruebas de una actuación interesada, en este caso del expresidente Vizcarra para favorecer irregularmente a una empresa, Sinopharm, para la contratación de vacunas”.

Para el abogado penalista Carlos Caro Coria, el expresidente Vizcarra podría haber incurrido en el delito de concusión al buscar obtener ventaja. “En este momento, el caso merece no solo enfoque el plano moral, administrativo, sino penal”, consideró. “La propia fiscal de la Nación abrió proceso contra el señor Vizcarra”, dijo.

Por su parte, el abogado penalista Jefferson Moreno consideró que los hechos conocidos no se ajustan al delito de concusión, sino al de colusión. “En este caso no me parece una obligación, parece más un acuerdo y si se trata de acuerdo no podría ser concusión, sino colusión”, dijo.

Asimismo, señaló que “no hay ningún problema con la calificación jurídica porque la Fiscalía a medida que van descubriendo los hechos y mientras avanzan, pueden cambiar el delito”.

La vía paralela

Caro Coria dijo que los altos funcionarios, Vizcarra y las exministras, tienen derecho al antejuicio constitucional. En eso sentido, afirmó que, si la Fiscal de la Nación considera que el expresidente y las exministras cometieron un hecho delictivo, deberá formular un pedido ante el Congreso para que siga el proceso de acusación constitucional. Estimó que este camino podría tomar entre uno o dos años.

En paralelo, el Congreso podría acusar constitucionalmente a los altos funcionarios por infracción a la Constitución. “El Congreso tiene la potestad de inhabilitarlos hasta por diez años”, dijo Caro.

Chanjan concuerda en que la máxima sanción en la vía administrativa es la inhabilitación para ejercer un cargo público. “El expresidente y las exministras pueden ser sometidos a un procedimiento de juicio político que puede tener una eventual sanción, si así lo considera el Congreso, de diez años de ejercer el cargo público. El Congreso podría inhabilitarlos hasta por diez años por haber infringido algún artículo de la Constitución. Esa es una sanción de naturaleza administrativa-política”, consideró.

El penalista Jefferson Moreno coincide de que el Congreso puede tomar la decisión de inhabilitar a Vizcarra y a las exministras. “Ese es el camino más sencillo y expeditivo, el problema es que es un camino muy político”, dijo. “El Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de manera muy breve y eficaz puede plantear al Pleno la inhabilitación”, añadió.

Escándalo en plena pandemia

El país vive un escándalo en plena segunda ola por la pandemia debido a que varios altos funcionarios fueron inoculados antes de que se inicie la campaña oficial de inmunización. Este caso inicia en agosto del año pasado cuando Perú otorgó autorización al laboratorio chino Sinopharm para llevar a cabo los ensayos clínicos masivos de su vacuna.

Las dosis de la entonces candidata a vacuna y de los placebos llegaron formalmente al país a principios de septiembre. Sin embargo, ahora se conoce que el protocolo del ensayo también estableció el envío de un lote con 3.200 dosis extras de las vacunas experimentales "para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio".

De ese cupo, 1 200 quedaron presuntamente en manos de la Embajada de China en Perú y 2 000 en manejo del equipo a cargo del ensayo clínico, que las facilitó tanto a personal del estudio como a autoridades, funcionarios y contactos cercanos.

PODCAST | INFORMES RPP 

Mazzetti y la resolución que dejó sin efecto las gracias por sus servicios

Esta semana se conoció que la exministra de salud Pilar Mazzetti se aplicó las dos dosis de la vacuna de SINOPHARM en secreto dentro del escándalo por la aplicación irregular de vacunas experimentales contra la COVID-19. El Gobierno dejó sin efectos las gracias que se le dio a través de una resolución suprema. Los detalles en el siguiente Informe RPP.