Fiscalía Anticorrupción inició investigación preliminar sobre presuntas vacunaciones irregulares en Loreto

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar sobre las presuntas vacunaciones irregulares contra la COVID-19 en la región de Loreto, en relación con el supuesto direccionamiento de dosis a favor de funcionarios, exfuncionarios y sus familiares.

La investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Herve Aquino Espinoza, es por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionales y falsedad genérica e inició el pasado martes con una diligencia de constatación realizada en la Dirección Regional de Salud (Diresa).

De acuerdo con la información del Ministerio Público, las vacunaciones se dieron el último sábado en el local de la Diresa con dosis de la vacuna Pfizer que estaban destinadas a adultos mayores, pero sin distinción y sin presencia de las autoridades de la Contraloría local.

Entre los vacunados están Francisco Sanjurjo, alcalde de Maynas; Jane Donayre, alcaldesa de Punchana; José Luis Monas, exalcade de San Juan Bautista; Joiner Vásquez, exalcalde de Punchauca y actual asesor del gobernador, Marina Villacorta; la excaldeda de San Juan Bautista, entre otras personas vinculadas a autoridades de la región Loreto.

La Fiscalía ha anunciado que en los próximos días continuará realizando diligencias con el objetivo de identificar a los responsables de este presunto direccionamiento.

Más temprano, la Contraloría General rechazó los actos de vacunación irregular dentro del proceso de inmunización contra la COVID-19 registrados en Loreto, donde se inmunizaron a personas menores de 80 años que no estaban consideradas en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación.

"Es indignante que funcionarios y servidores públicos vulneren la confianza y disposiciones y que, en beneficio propio, se hayan vacunado irregularmente. Por lo que se deberá identificar y sancionar ejemplarmente a los responsables", señalaron en un comunicado.

Según indicaron, la vacunación a personas que no formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en la región Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado, sino en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto, "que no era punto programado para ese fin".

Esta aplicación irregular fue detectada por la Contraloría General el 22 de marzo y comunicada inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público. Además, informaron que ya se ha iniciado el servicio control para la determinación de las responsabilidades que correspondan al caso denunciado.

Jefe de Diresa niega responsabilidad

El director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, Carlos Calampa, negó este miércoles haber autorizado la vacunación con dosis del preparado de Pfizer a personas que no estaban en la lista de adultos mayores que debían ser inoculados en la región y responsabilizó de esa decisión a la enfermera Clara Bustamante Pezo, directora de Promoción de Salud de la Diresa. 

En declaraciones a la primera Rotativa del Aire de RPP Noticias, el funcionario dijo que tras la escasa convocatoria de beneficiarios de Pensión 65 de la red Amachay para ser vacunados el último viernes, su dirección decidió destinar 11 frascos (66 dosis) de la vacuna de Pfizer para el personal del Ministerio Público y del Banco de Sangre. No obstante, afirmó que Clara Bustamante Pezo propuso vacunar a esos trabajadores con la vacuna de la farmacéutica china de Sinopharm y dispuso las dosis de Pfizer para otro grupo de personas, entre los que se encontraba ella. 

El caso que ha sido bautizado como un nuevo 'vacunagate' se destapó ayer y reveló que en la lista de vacunados se encuentran los alcaldes de la provincia de Maynas, Francisco Sanjunjo, y del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez, de 69 y 63 años. Además, los exalcaldes Joiner Vasquez Pinedo y Jorge Monasi Franco, de 73 y 65 años, respectivamente, quienes actualmente son funcionarios del gobierno regional. Tanto la Diresa de Loreto como el Ministerio de Salud (Minsa) rechazaron los hechos y anunciaron la investigación del caso y sanciones. 

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