El ministro de Justicia señaló que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume no "planteó ninguna discrepancia" ante la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, lamentó este jueves la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de eximirse de participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
“No encontramos justificación en los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para eximirse de participar del Consejo, según establece la ley 30942”, señaló.
Agregó que al Gobierno le “sorprende esta decisión”, dado que el proyecto de ley para la creación de esta instancia fue presentado por el Ejecutivo en agosto del año pasado y “no hubo mayor objeción”.
Además, recordó que la ley 30942, que crea el Consejo, fue promulgada en mayo de este año y tampoco fue objetada. Incluso, el presidente del TC, Ernesto Blume, “participó de la instalación de dicho Consejo y tampoco planteó ninguna discrepancia”.
Según apuntó Zeballos, el Tribunal Constitucional participa activamente del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia. Entonces, “¿por qué hoy se aduce la 'autonomía e independencia del TC' para dejar de participar?”, se cuestionó.
El Consejo "tiene como objeto dar los criterios, lineamientos y políticas necesarias para la reforma de un sistema en crisis, y, para ello, ha convocado a quienes representan a las instituciones rectoras de nuestro sistema de justicia, para que participen de esta delicada, compleja, pero necesaria reforma institucional”, precisó.
Finalmente, el titular de la cartera de Justicia aseguró que “la responsabilidad de impulsar la reforma del sistema de justicia va a continuar, incluso ante la decisión asumida institucionalmente por el Tribunal”.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está confirmado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, así como el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros y los titulares del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y la Contraloría, Nelson Shack, además del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Fue creado oficialmente tras la publicación de la ley que norma esta institución aprobada por el Congreso el pasado 8 de mayo. Este grupo sesiona de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente y tiene entre sus funciones impulsar la reforma del sistema de justicia.
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