Presidente del Poder Judicial señaló su respaldo a la autonomía de las instituciones. | Fuente: RPP Noticias

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) no pudo discutir, en su sesión realizada el pasado lunes, si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe ser retirado de este espacio que agrupa a representantes de las principales instituciones del país.

Según comentó en RPP Noticias el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, la representante del Congreso, Yeni Vilcatoma, en reemplazo de Daniel Salaverry, se opuso a un pronunciamiento contra Chávarry.

"Se señalaba que debía establecerse un pronunciamiento (pidiendo la salida de Chávarry), que era lo que planteaba uno de los organismos (Proética). (Vilcatoma) aludía al marco normativo; es decir, discutía las funciones de la CAN para poder adoptar ese tipo de decisiones. Cuestionaba la legitimidad de la operación. Fue fundamentalmente ella", señaló.

Pese a que el pedido que planteaba la salida de Chávarry tenía el respaldo de varias instituciones, Prado Saldarriaga tuvo que postergar la votación para el lunes. En esta nueva sesión los miembros titulares de las instituciones tendrán que votar.

"(...) En ese contexto, se planteó una propuesta que requería tener un espacio de forma, que ayer, en la lógica de los debates, no se perfilaba como muy consolidada, por lo que optamos por suspender la sesión", indicó.

Pedro Chávarry es cuestionado por haber mentido sobre una reunión que sostuvo con un grupo de periodistas, coordinada por el suspendido juez César Hinostroza, previo a su elección como fiscal de la Nación. Se supo de la reunión por la difusión de audios entre Chávarry e Hinostroza.

Debido a ello, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha pedido que Chávarry dé un paso al costado, posición que también fue compartida por algunos parlamentarios que presentaron una denuncia constitucional en su contra.

La CAN está integrada por los titulares del Congreso, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Ministerio Público. También por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, Acuerdo Nacional y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

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