Vladimir Cerrón es investigado por la Fiscalía tras conocerse que efectivos policiales habrían sido contratados para brindarle seguridad y resguardo durante los años 2019 y 2021.
La Policía y la Fiscalía allanaron la vivienda del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el sector de La Ribera de Huancayo, así como su nuevo domicilio en Lince, en Lima. Las autoridades también realizan esta diligencia en la sede del gobierno regional de Junín.
La diligencia en la casa de Huancayo inició desde la 1 de la madrugada y se prolongó hasta las 5:30 de la mañana. Según pudo conocer RPP Noticias, se trata de una diligencia en el marco de la investigación por la contratación de un presunto resguardo irregular a Cerrón.
La Fiscalía realiza el operativo de allanamiento a 17 viviendas en Junín y Lima, en el marco de la investigación que comprende a Cerrón y al gobernador Fernando Orihuela por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de colusión agravada.
Según pudo conocer RPP Noticias, las autoridades buscan pruebas de los contratos que prueben la irregularidad en la contratación de cuatro efectivos policiales para Cerrón entre el 2019 y 2021.
Como se sabe, Cerrón cambió su domicilio de Huancayo a Lima. El pasado 31 de enero, el magistrado John Pillaca, emitió una resolución con la que autorizó a la exautoridad regional a residir en Lima desde esa fecha.
Caso de presunto resguardo irregular a favor de Vladimir Cerrón
El fiscal anticorrupción de Junín Carlos Mera Palomino inició una investigación preliminar al líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que un reportaje periodístico revelara un presunto irregular resguardo policial a su favor a cargo del suboficial PNP Carlos Zárate Villalobos.
El magistrado dispuso que Cerrón Rojas y Zárate Villalobos sean investigados por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
El fiscal Mera Palomino también investigará lo relacionado a supuestos pagos que habría recibido dicho suboficial por concepto de “bonificación especial por servicio de seguridad y custodia de funcionarios” en la gestión de Vladimir Cerrón como Gobernador Regional de Junín y que habría continuado durante el mandato de su sucesor en el cargo Fernando Orihuela Rojas.
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