Yehude Simon pidió al PJ afrontar sin restricciones proceso penal por caso Proyecto de Irrigación Olmos

Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, solicitó al Poder Judicial afrontar sin ningún tipo de restricciones el proceso penal que se le sigue por el caso del Proyecto de Irrigación Olmos vinculado a Odebrecht.

Mediante su defensa legal, el también exgobernador Regional de Lambayeque solicitó que se levante el mandato de comparecencia con restricciones que pesa en su contra, al sostener que ya pasaron más de 36 meses desde que se le impuso dicha medida el pasado 8 de marzo de 2020.

Postura de Fiscalía

Al respecto, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato se opuso al pedido de Yehude Simon y argumentaron que su defensa legal no señaló la normativa o sustento jurídico en el que se ampara su pedido.

Asimismo, remarcaron que considerando la suspensión del plazo procesal por causa de la pandemia de la COVID-19 formalmente el plazo de su mandato de comparecencia con restricciones vencería en agosto de este año.

Ante ello, la jueza Margarita Salcedo Guevara programó para el 11 de julio la audiencia virtual en la que se evaluará el requerimiento de Yehude Simon con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.

Fallo a su favor

En junio de 2022, Simon recuperó su libertad luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejara sin efecto la orden de detención domiciliaria por 36 meses que le impuso en 2020 la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional por el caso mencionado.

En su resolución, el tribunal supremo determinó que la referida sala superior vulneró el derecho a la libertad personal del imputado y analizó erróneamente los peligros de fuga y de entorpecimiento con relación de este caso.

La sala suprema precisó que el imputado cumplió las órdenes de comparecencia y observó su deber procesal de estar sujeto a la causa y además que nada indica que realice maniobras para fugarse tras anotar que en la actualidad no ostenta cargo público alguno que le otorgue poder para descartar las órdenes de la justicia y huir del país, por lo que son suficientes las restricciones impuestas por el juzgado penal de primera instancia.

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