En el último año, cuatro comunidades indígenas de Madre de Dios (Puerto Luz, Tres Islas, Barranco Chico y Boca Inambari) aumentaron su deforestación minera en un 128%.
En el último año, cuatro comunidades indígenas de Madre de Dios (Puerto Luz, Tres Islas, Barranco Chico y Boca Inambari) aumentaron su deforestación minera en un 128%. | Fuente: Andina

Uno de los delitos que más dinero mueve a nivel nacional es la minería ilegal, presente en todas las regiones de nuestro país y cuyo impacto social, ambiental y económico es cada vez más grave, advierte la Defensoría del Pueblo. Esto, debido a que provoca crímenes que ponen en riesgo la vida, la salud, así como la integridad y seguridad de la población de las zonas afectadas.

Dos de sus consecuencias más nocivas son la deforestación ambiental y el crimen organizado. En el último año, cuatro comunidades indígenas de Madre de Dios (Puerto Luz, Tres Islas, Barranco Chico y Boca Inambari) aumentaron su deforestación minera en un 128%, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Mientras, a inicios de agosto de este año, se reportó un nuevo enfrentamiento entre mineros ilegales en el distrito de Pataz (La Libertad) que dejó tres heridos de armas de fuego.

Más de 3 mil toneladas de mercurio en los ríos amazónicos

El impacto sobre el agua es el efecto ambiental más grave en todo el proceso de la minería ilegal. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos años esta actividad generó que en los ríos amazónicos se haya vertido más de tres mil toneladas de mercurio, provocando trastornos neurológicos, pérdida de la memoria y visión, problemas renales e inestabilidad emocional en las personas afectadas.

En las zonas más alejadas, donde la ausencia del Estado es sumamente crítica, la vulnerabilidad es mucho mayor. La misma entidad ha expresado su especial preocupación por las comunidades awajún y wampis, donde la actividad minera ilícita está asentada con firmeza, lo que amenaza la salud y seguridad de la población indígena, además de poner en riesgo a sus líderes defensores.

Solo en Madre de Dios, la región minera más importante de la Amazonía peruana, miles de mineros ilegales se extienden por aproximadamente 5 mil hectáreas conocidas como el “corredor minero”, según un estudio del Instituto Igarapé e InSight Crime. De acuerdo con esta investigación, la fiebre del oro ilegal se ha convertido en el principal causante de la deforestación en nuestra Amazonía.

Precisamente por el alza internacional del precio del oro, sumado a la falta de empleo adecuado, la minería ilegal termina siendo parte crucial de la economía de la población, provocando que las propias comunidades se vuelvan expertas en extraer el mineral cerca de las concesiones de empresas formales, lo que desencadena conflictos sociales, indica la revista Nueva Sociedad.

Violencia desbordada e impunidad en Pataz

La otra cara de la moneda es la violencia que ocasiona la minería ilegal. Según informa la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Madre de Dios, Loreto, Huánuco, Piura y La Libertad son las regiones más afectadas por este delito. Sin embargo, es en este último departamento donde se ha registrado un mayor número de crímenes, atentando contra la seguridad y dignidad de sus comunidades aledañas.

El alcalde del distrito liberteño de Pataz, Juan Carlos La Rosa, señaló a RPP que viene recibiendo amenazas tras pedir mayor seguridad frente a la violencia proveniente de la actividad minera ilegal. Semanas después, el 04 de agosto, se reportó un enfrentamiento armado de mineros ilegales en dicho distrito.

De las 148 denuncias que se han realizado por conexiones de minería ilegal o informal desde el 2016 en la provincia liberteña, ninguna ha tenido una sentencia.
De las 148 denuncias que se han realizado por conexiones de minería ilegal o informal desde el 2016 en la provincia liberteña, ninguna ha tenido una sentencia. | Fuente: Andina

Previo a este conflicto, los generales del Ejército y la PNP ya se habían reunido con el gobernador regional para acordar acciones conjuntas contra la actividad minera ilegal. Ante los hechos de violencia, el representante de la Defensoría del Pueblo en la zona, José Luis Agüero, pidió la declaratoria de emergencia en el lugar.

Pataz distrito y Retamas se están volviendo un caos. Es tierra de nadie. Para facilitar las intervenciones, sería ideal contar con la declaratoria de emergencia por inseguridad para las provincias del ande y tener apoyo logístico y económico del Estado, pero en tanto eso ocurra no podemos quedarnos de brazos cruzados”, manifestó en conferencia el gobernador Manuel Llempén.

De acuerdo a información de Minera Poderosa, hasta el 24 de julio del presente año se han registrado 143 incidentes provocados por la actividad minera ilegal en Pataz, tales como el ingreso de parqueros con y sin arma, así como atentados graves contra la salud y vida de los pobladores. Así, 150 personas han sido detenidas hasta este periodo, incluidos 15 menores de edad, agregan.

Advierten finalmente que, de las 148 denuncias que se han realizado por conexiones de minería ilegal o informal desde el 2016 en la provincia liberteña, ninguna ha tenido una sentencia.