En 1953, el politólogo canadiense David Easton publicó The Political System, un libro que revolucionó la Ciencia Política del siglo XX al incorporar la teoría de sistemas al estudio de las políticas públicas. En este texto, Easton desarrolló el modelo de la “caja negra” para explicar el funcionamiento del sistema político. Según el autor, el sistema político es un conjunto de procesos mediante los cuales una sociedad transforma demandas (inputs) en decisiones y políticas (outputs), siempre en diálogo con su contexto.
Los inputs son los requerimientos de la ciudadanía: seguridad, salud, educación, vivienda o transporte. Estas demandas nacen del entorno social, económico y político, y luego ingresan al sistema, donde son procesadas en la llamada caja negra. Dentro de ella se encuentran las instituciones del Estado, las élites políticas, la burocracia, las reglas del juego, los procesos deliberativos y también los conflictos. Allí las demandas son interpretadas, priorizadas, negociadas y finalmente transformadas en outputs: leyes, políticas públicas, decisiones administrativas, regulaciones o programas.
Posteriormente, estos outputs son evaluados por la sociedad en la etapa de retroalimentación (feedback). Es en este punto donde el sistema político se ajusta, se adapta y busca estabilidad. Si la respuesta a la ciudadanía es insatisfactoria, el sistema se desgasta, pierde legitimidad y se expone a crisis mayores.
Aplicar este modelo a la realidad peruana arroja un diagnóstico desolador.
Las demandas ciudadanas son claras: más seguridad, mejor educación y salud, transporte público digno, vivienda adecuada. El verdadero problema está dentro de la caja negra, en la capacidad del Estado para procesar estos inputs. Allí emergen tres barreras particularmente graves.
La primera es la ausencia de un servicio civil profesional y altamente capacitado. La altísima rotación de autoridades y el desorden administrativo vuelven casi imposible implementar políticas públicas de manera sostenida. El Estado peruano, carcomido por dentro, no logra traducir las demandas ciudadanas en decisiones efectivas.
La segunda barrera es la corrupción, consecuencia directa del vacío institucional. Diversos estudios internacionales, como Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas, ubican a la clase política peruana entre las más corruptas del continente. A ello se suma la propia Contraloría, que estima que en los últimos cuatro años el país ha perdido cerca de 100 mil millones de soles por corrupción e inconducta funcional.
La tercera es el limitado acceso a tecnología moderna, un aspecto especialmente crítico en áreas sensibles como la lucha contra el cibercrimen, las extorsiones o el fraude. La casi inexistencia de laboratorios de criminalística retrasa investigaciones, debilita la justicia y permite que el crimen organizado opere a sus anchas.
Siguiendo el modelo de Easton, cuando las autoridades no responden adecuadamente a los inputs, el sistema político entra en una fase de desconexión y colapso: se aleja de la ciudadanía, queda capturado por intereses de corto plazo y abre espacios para la infiltración de redes criminales.
A manera de conclusión, el marco conceptual de David Easton permite comprender cómo las demandas sociales insatisfechas, su mala gestión y los resultados deficientes pueden derivar en inestabilidad o en crisis. En el caso peruano, la falta de un servicio civil profesional, la corrupción estructural y la brecha tecnológica han empujado al sistema político a una fase de crisis terminal. Ante ese escenario, ¿qué hacer? Volveremos sobre ese punto en una próxima entrega.
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