Índice mundial de delincuencia organizada: malas noticias para Perú

Mientras los diferentes poderes del Estado se encuentran enfrascados en una guerra sin cuartel, el pasado 28 de septiembre, la Iniciativa Global contra el Crimen Trasnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés) lanzó su primer Índice Mundial sobre Delincuencia Organizada. Dicha investigación es producto de dos años de trabajo y tiene por objeto evaluar los niveles de delincuencia y capacidad para enfrentar al crimen en los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. A través de estos datos, se espera que el Índice ayude a coadyuvar una respuesta verdaderamente global ante la amenaza del crimen organizado transnacional.

Entre los principales hallazgos podemos destacar que, más de tres cuartas partes de la población mundial habitan en países con altos niveles de delincuencia y baja capacidad para lidiar con el delito organizado. A su vez, que Asia tiene los niveles más altos de criminalidad. Otro hallazgo es que en democracias poco consolidadas o débiles, los actores estatales son una llave para facilitar el desarrollo de economías ilícitas. De igual forma, en naciones con Estados endebles los actores estatales inhiben o debilitan las capacidades institucionales para enfrentar al crimen organizado.

De acuerdo con el Índice, la República Democrática del Congo es el país peor evaluado a nivel mundial con un puntaje de 7.75 sobre 10. Le siguen en el ranking Colombia (7.66), Myanmar (7.59), México (7.56) y Nigeria (7.15). Nuestro país se ubica en una preocupante posición 26 de 193. En contraste, el país mejor evaluado de la región es Uruguay, con apenas 2.69.

En relación con el desempeño específico de Perú, podemos indicar que a nivel de las Américas se ubica en la posición 9 de 35, y a nivel América del Sur está en la posición 5 de 12. Sin embargo, yendo a un análisis más profundo, en los crímenes contra recursos no renovables, dígase la minera ilegal por ejemplo, o el tráfico de cocaína, nuestro país tiene una nota de 9 sobre 10, uno de los peores desempeños a nivel mundial.

En relación con la capacidad para enfrentar al crimen organizado, los puntajes más bajos se vinculan con el liderazgo político. En relación con este aspecto, el informe se explaya al señalar que nuestro país sufre niveles de corrupción sumamente elevados, alcanzando las más altas esferas del poder público. Esta fragilidad de liderazgo afecta severamente a la gobernanza y a la credibilidad del sistema político en general.

La investigación subraya los corrosivos efectos que implican los constantes cambios de autoridades en el Poder Ejecutivo. Para los expertos responsables de elaborar el informe, llama poderosamente la atención que los presidentes peruanos estén en prisión, investigados o huyendo de la justicia. Por si fuera poco, el documento hace mención que las autoridades a nivel regional también han sido acusadas de delitos que incluyen colusión con narcotraficantes, madereros y mineros ilegales.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sin duda alguna juega en contra la poca legitimidad que tienen los órganos encargados de luchar contra el delito. Recordemos que de acuerdo con Latinobarómetro 2018, la confianza de la ciudadanía peruana con su policía se ubica en 32 %, por debajo del promedio latinoamericano de 35 % y muy por atrás de otros países sudamericanos como Uruguay (59 %), Chile (48 %), Ecuador (46 %), y Argentina (38 %). De igual forma, la confianza en el Poder Judicial es la tercera peor de la región, con apenas 16%. También es clave señalar que la enorme inestabilidad en el Ministerio del Interior ha afectado el desarrollo, implementación y seguimiento de políticas contra la delincuencia. Desde el 2000 han pasado 36 ministros en la citada cartera. Con ese altísimo nivel de cambios es sumamente complicado enfrentar al crimen de una manera estratégica y coherente.

A manera de conclusión, es relevante destacar que existen algunas iniciativas positivas. La Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030, la Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo, son herramientas de gestión diseñadas bajo la metodología CEPLAN. Por ende el Ministerio del Interior cuenta ya con instrumentos sólidamente constituidos para enfrentar al crimen en sus diversas manifestaciones, no perdamos un minuto más.