Pataz y la imposibilidad de implementar políticas públicas contra el crimen organizado

La situación en Pataz se desborda. Mientras escribo estas líneas, el país asiste, horrorizado, al hallazgo de 13 cuerpos en un socavón minero clandestino. Sin embargo, esta masacre es solo el último episodio de una ola de violencia que no cesa. Según minera Poderosa, desde 2020, 39 personas han sido asesinadas, se han registrado 628 incursiones y 14 atentados contra torres de alta tensión.

Frente a este escenario, el Gobierno decretó el estado de emergencia hace más de un año, anunciando el despliegue de más efectivos policiales y militares. Por si fuera poco, impuso el toque de queda y anunció la instalación de una base militar, sin descartar el estado de sitio. No obstante, nada parece funcionar. Pataz sigue al margen de la ley y el pronóstico es sombrío. La pregunta es inevitable: ¿por qué, pese a todas estas medidas, la situación social y política sigue degradándose?

Para entenderlo, vale la pena mirar el aporte teórico que nos ofrecen Hasenfeld y Brock (1991). Según estos autores, la implementación de políticas públicas depende de cinco fuerzas o factores impulsores clave: planificación racional, capacidad organizacional, adaptación burocrática, manejo de poder y liderazgo político. 

La búsqueda de racionalidad hace referencia a que la implementación ha sido concebida bajo criterios claros, donde el planeamiento, la preparación, la evidencia están orientadas a alcanzar metas claramente definidas. Si no hay claridad en los objetivos, la implementación se torna muy difícil. Por otra parte, la adecuación organizacional se vincula con la capacidad en la organización u organizaciones responsables de testear la política pública con la realidad.

Vale decir, los procedimientos de trabajo son claros, las competencias del personal están a tope y existen instrumentos tecnológicos modernos para llevar a cabo la política pública. El tercer aspecto, la discreción y adaptación burocrática, no es otra cosa que la capacidad de los ´burócratas nivel calle´ o funcionarios de nivel inferior para apropiarse y adaptar la política pública a situaciones cotidianas, del día a día, que requieren respuestas inmediatas ante las exigencias de la población. 

El cuarto factor impulsor es las relaciones de poder. En él, el escenario de implementación es visto como una arena política donde los grupos de interés miden su capacidad para imponer, negociar y cooperar. Finalmente, el último factor, liderazgo y competencia, va de la mano con la legitimidad, credibilidad, las habilidades interpersonales, conocimiento y capacidades que tienen los responsables al más alto nivel para encauzar el esfuerzo de otros hacia el cumplimiento de las metas establecidas en la política pública. 

Como se puede apreciar, en la actual coyuntura no se cumple ni una de las fuerzas impulsoras identificadas por Hasenfeld y Brock. En Pataz, las medidas dictadas por el Gobierno carecen de planificación y evidencian improvisación. Por ejemplo, insistir en estados de emergencia, pese a que la experiencia demuestra su ineficacia, es una muestra clara de este déficit. La capacidad organizacional también es precaria. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior muestran alta rotación de personal, inteligencia deficiente, equipos obsoletos y escasa coordinación con autoridades locales y regionales. La especialización necesaria para enfrentar redes criminales vinculadas con la minería ilegal es sumamente precaria. Por otra parte, la discreción burocrática también muestra serias limitaciones. Los funcionarios de nivel operativo carecen de los márgenes y recursos necesarios para adaptar las políticas a las complejidades del territorio. En cuanto al manejo del poder, las organizaciones criminales han logrado instalar su propia ley, desplazando al Estado, que aparece como un actor débil y fragmentado.

No obstante, desde mi perspectiva, la dimensión más crítica tiene que ver con el liderazgo. Los niveles de legitimidad y credibilidad de las autoridades políticas al más alto nivel vienen siendo cuestionados por toda la sociedad en su conjunto. Por si fuera poco, las habilidades personales, el conocimiento y las capacidades de nuestros gobernantes no parecen ser las adecuadas para enfrentar una situación de alta complejidad como la presente.

A manera de conclusión, los factores impulsores para implementar políticas públicas en el Perú están en una situación límite. Sin un cambio profundo en el liderazgo político, la crisis en Pataz no será una excepción, sino la antesala de un escenario de descomposición más amplio, donde el crimen organizado y la violencia amenacen con convertirse en el nuevo orden en diversas regiones del país.