¿Puede América Latina seguir el modelo europeo de integración?

El pasado 18 de septiembre, durante la inauguración de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamamiento a que la región construya algo parecido a la Unión Europea (UE). López Obrador indicó que es necesario “construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea" ¿Es esto factible? Veamos.

Un primer punto para el análisis es la enorme brecha existente entre la UE y los países de la región. Algunos ejemplos, Dinamarca y El Salvador tienen ambos poblaciones que rondan los 6 millones de personas, sin embargo el PBI per cápita del primero es 60 mil 170 dólares, mientras que en el segundo es de 4 mil 187 dólares. Otro aspecto a considerar tiene que ver con materialización efectiva de los derechos humanos. De acuerdo con data de la OCDE (2019) y la OIT (2018), la cobertura de pensiones de jubilación en España es de 100%, mientras que en Colombia se sitúa en 57.1%. Según un informe del Consejo Francés de Orientación para el empleo del 2019, el porcentaje de franceses que trabajan en la informalidad (travail au noir) es 5%, mientras que en el Perú la cifra se ubica 71.6% (INEI, 2019). El saneamiento en la Unión Europea es prácticamente universal, mientras que cálculos del BID indican que se necesitarán 180 mil millones de dólares al 2030 para cerrar la brecha en América Latina. Sin embargo, el punto más crítico tiene que ver con la violencia. De acuerdo con un informe de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz del año 2019, América Latina alberga a 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo, mientras que no aparece ninguna ciudad de UE en el citado ranking.

Empero, más allá de las diferencias entre ambas regiones, el proceso de integración europea tiene dos factores que vale la pena destacar por su relevancia. El primero es la moneda única. Hoy el euro es la divisa oficial de 19 de los 27 países miembros de la UE, que juntos constituyen la eurozona. En 1992, el Tratado de Maastricht estipuló una serie de condiciones económicas y jurídicas de obligatorio cumplimiento en aras de unión. Una de ellas es que los Estados miembros, salvo Dinamarca, deberán adoptar el euro ¿Estamos los latinoamericanos y caribeños en condiciones de adoptar una moneda común? El segundo factor es el Acuerdo Schengen. El citado acuerdo estipula la abolición de las fronteras interiores de 26 naciones europeas con objeto de garantizar la libre circulación y sin restricciones de personas, bienes, servicios y capital. Actualmente más de 400 millones de ciudadanos de los países miembros circulan libremente sin necesidad de pasaportes y controles fronterizos ¿Está nuestra región en condiciones de garantizar la libre circulación sin restricciones?

No obstante, destacan iniciativas de la UE que vale la pena seguir con mucha atención. La primera es el Programa Erasmus. Dicho programa fomenta la movilidad estudiantil europea, vale decir permite a los estudiantes de educación superior continuar su formación en otro país europeo. Solamente el 2019, Erasmus financió y dio becas a más de 505 mil estudiantes europeos. En este sentido, crear un programa similar de apoyos económicos y movilidad estudiantil latinoamericana es fundamental para ir concretizando el sueño de la integración. Otra iniciativa es el Proceso de Boloña, que busca adaptar y homologar progresivamente los sistemas de educación superior europeos. Sobre este aspecto, es también necesario transitar hacia un sistema que garantice la calidad de la educación superior en América Latina y el Caribe.

A manera de conclusión, es claro que el proceso de unificación europea difiere enormemente de lo que actualmente tenemos en la región. Sin embargo, considero que la integración de América Latina y el Caribe debe transitar por cinco pilares fundamentales: la modernización de la gestión pública, la lucha contra la corrupción, la adaptación ante la emergencia climática, la movilidad estudiantil y la materialización efectiva de los derechos de la ciudadanía más vulnerable y discriminada.