Incentivos para la conflictividad social en la era Castillo

Escrito por Fernando Tincopa.

En los últimos meses la estrategia del gobierno respecto al manejo de conflictos sociales ha sentado precedentes para los próximos años. El actual escenario de conflictividad social presenta un sistema de incentivos para la instrumentalización del conflicto social como mecanismo de acceso eficaz a beneficios y políticas públicas. En ese sentido existen dos incentivos principales que vale la pena introducir en la discusión sobre las razones para un muy posible incremento de conflictividad social en el país:

1) Alta predisposición del Gobierno Central a ceder rápidamente: Esto se evidencia cuando, por ejemplo, el Gobierno ofrece descabezar la ATU y SUTRAN a fin de evitar el paro nacional de transportistas. O cuando el gobierno suscribe un acta comprometiéndose en el punto número uno al cierre de minas denunciadas por contaminación mientras simultáneamente en el punto número seis recién asume investigar las causas de contaminación. Los criterios para tal decisión responden a la aspiración de desactivar conflictos de la manera más rápida posible.

Vale aclarar que el inconveniente no está en el que el gobierno conceda demandas legítimas, sino y sobre todo cuál es la solución equilibrada para cada una de ellas. Probablemente en muchos casos la solución no sea aquella demandada por la población, y por eso mismo es importante que las consideraciones de fondo recaigan en razones objetivas o técnicas antes que exclusivamente políticas.

2) Violencia sin consecuencias. Esto se encuentra más presente en este gobierno con relación a otros, porque figuras del Ejecutivo ven en la movilización social de los en los gremios, sindicatos, movimientos sociales, etc. una fuente importante de respaldo. Al gobierno no solo le resulta difícil tomar una postura alejada de las bases sociales que lo respaldaron en campaña, sino sobre todo percibe como excesivamente costoso recurrir a la aplicación del imperio de la ley como mecanismo de control de protestas. De la misma manera que el gobierno ha evidenciado no tener ningún interés en defender la reforma del transporte y de educación a cambio de frenar movilizaciones hostiles o alienarse aliados clave, tampoco demuestra interés en disuadir el uso de acciones violentas o sancionar delitos. Muchos de los conflictos que usen acciones violentas esperarían que sus actos podrán ser minimizados por parte del gobierno. Un dato que grafica este punto es que no existió ningún detenido por la quema del campamento a minera Apumayo en Ayacucho. Al margen de que un reclamo especifico se presuma como justo, a consideración de sus promotores, la violencia no es admisible en ninguna de sus formas y el gobierno debería desincentivarla como forma justificada de actuar.

“Así entonces, las acciones del gobierno propagan dos concepciones: I) La idea reforzada que los problemas sociales son atendidos en función a la capacidad de movilización que generan los actores interesados y II) que la solución del conflicto radica en conceder, en buena parte, las demandas que tiene una parte sobre la otra.”

En esa línea, el ejecutivo está demostrando un patrón de comportamiento que aborda los conflictos solo cuando estos detonan en acciones de protestas (o amenazas de protestas) y que aspira a desactivar conflictos cediendo ante las demandas de la parte movilizada. Hay, como mínimo, un par de problemas con el uso de la anterior ‘estrategia’ de manejo de conflictividad.

Por un lado, el primer problema es que se normaliza el uso de acciones de fuerza como vías de obtención de recompensas. En esa línea, existe de antemano la percepción de que el Estado es un puente de acceso a beneficios, derechos o recursos que se disputan principalmente vía conflicto. Si bien, esto último siempre ha sido un factor presente, el manejo de los conflictos recientes han reafirmado esta idea, entonces se generan mayores incentivos para su uso de parte de actores con demandas pendientes. Si los conflictos se convierten en moneda común en la negociación con el gobierno, la competencia por posicionar demandas generará entre los actores la necesidad de destacar a través del uso de acciones de fuerza que podrían degenerar en violencia y escenarios trágicos. Se genera un proceso en el que serán justamente los liderazgos mas conflictivos y propensos a la violencia los que serán percibidos por las personas involucradas en el conflicto como aquellos más efectivos. Esta mayor efectividad percibida facilita que tomen posiciones de liderazgo al interior de las comunidades.

El segundo problema radica en que el gobierno está elevando las expectativas de los actores conflictivos a estándares no-razonables que harán muy difícil su cumplimiento. Es fácil desactivar temporalmente un conflicto cuando lo que se hace es firmar un acta en la que uno se compromete a hacer todo aquello que una de las partes del conflicto exige. Esa no parece ser la definición de diálogo, pero sí del estilo de gestión social del gobierno. Ahora bien, evidentemente si los compromisos pactados por el gobierno no se cumplen, como es probable que ocurra, la conflictividad se reactivará cada vez con mayor intensidad. Se configura entonces un círculo vicioso en el que las expectativas incumplidas generarán mayores conflictos, y el descontento social a su vez será compensado con un mayor uso de medidas cortoplacistas de parte del gobierno que buscará sostener la popularidad del ejecutivo a cambio de promesas cada vez menos razonables. A largo plazo es una manera insostenible de conducir un gobierno y el escenario perfecto para un caldo de conflictividad social a nivel nacional sin precedentes.