Intenciones y constituciones: el caso venezolano

Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela en 1998, tras su elección dio inicio a un proceso constituyente que culminó con la aprobación por referéndum de la Constitución “Bolivariana” de 1999. La población, cansada de una clase política a la que consideraba corrupta, aprobó una nueva Constitución, la cual propició un rol protagónico al Estado en la economía venezolana.

La Constitución aprobada no declaraba abiertamente el cambio de la economía y la sociedad hacia los niveles de estatismo desbocado actualmente imperante en el país. No mostraba la “intención” de tener los resultados mostrados años después. Mas bien, declaraba para el Estado un conjunto de roles de dirección y planificación sobre la actividad privada, estos roles estaban poco definidos y no se establecían límites claros al accionar del Estado. Entre los principios constitucionales planteados se encontraban:

- Establecer limitaciones a la libertad económica, las cuales estarán “basadas en razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social” (Artículo 112)

- Se le da al Estado la potestad para “planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país” (Artículo 112)

- Garantía a la propiedad privada, aunque se prevé la expropiación “por causa de utilidad pública o interés social” (Artículo 115)

- Que el “Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía” (Artículo 299)

- Reserva al Estado de “la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico” (Artículo 302)

- Que el Estado promoverá la agricultura sustentable (Artículo 305), las condiciones para el desarrollo rural integral (Artículo 306), la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa familiar y la microempresa (Artículo 308)

Cada uno de estos componentes de la Constitución Venezolana parecía una declaración de principios y una muestra de altos valores sociales. Sin embargo, esta Constitución facilitó al estado múltiples conductas intervencionistas en la economía. La nueva constitución venezolana quitó las restricciones a un Estado interventor, el cual posteriormente fue instrumentalizado políticamente por el proyecto político Chavista. Con el capital político acumulado mediante el uso de recursos públicos se hicieron posibles cambios institucionales que viabilizaron la reelección indefinida desde el Ejecutivo y una paulatina erosión de la separación de poderes.  Según el Global Democracy Index, Venezuela es hoy, el país menos democrático de la región.  

Actualmente Venezuela se encuentra en una profunda crisis económica y social, ha pasado de ser uno de los países más ricos de la región a tener 96% de pobreza y 80% de pobreza extrema. Como se puede observar en la gráfica pasó de un lento declive previo al cambio constitucional de 1999 a un colapso económico.

El caso venezolano nos señala las consecuencias un cambio constitucional que propone expandir los roles económicos al Estado y levanta las restricciones al accionar del Estado acompañado de un Ejecutivo con un proyecto radical de transformación de la sociedad.  Una política pública, o un cambio constitucional no debería evaluarse únicamente por las intenciones que sus impulsores políticos dicen tener, sino por los resultados esperados de este cambio.   Un cambio constitucional puede generar la remoción de barreras a multitud de malas políticas públicas que pueden terminar empobreciendo a una sociedad y degradando su libertad democrática.