La Asamblea Constituyente de Perú Libre

Escrito por Santiago Bedoya

Durante los últimos 12 meses, múltiples agentes políticos en la izquierda peruana han hecho del llamado a una nueva constitución parte indivisible de su propuesta política. En la amplia mayoría de los casos, este deseo de cambio tiene raíz en un rechazo ideológico a la Constitución Política de 1993. Discursivamente, la izquierda argumenta que la Constitución del 93 es perniciosa para la soberanía del Perú y que su origen fujimorista no ha sido democrático, pero son otras las razones por qué la actual constitución es inaceptable para ellos. Pero pareciera que las razones reales son las restricciones a los roles empresariales del estado, las exigencias de una gestión fiscal ordenada (no a la emisión inorgánica), y la apertura de la economía y del mercado nacional a la economía global. En su forma de pensar, la constitución actual plasma un consenso social en torno a una economía “neoliberal” y no da rango constitucional a los pilares de un estado de bienestar al estilo europeo.

Hasta un año atrás, la discusión acerca de un potencial “escenario constituyente” era de carácter más ideológico que político, una especie de ejercicio para poder cuestionar los mecanismos presentes en la Constitución de 1993 y las dinámicas políticas del Perú en pleno bicentenario. Hoy, este ya no es el caso. La victoria de Pedro Castillo, candidato presidencial de un partido que se autoproclama “marxista, leninista y mariateguista” marcó un ‘antes’ y un ‘después’ en la discusión del tema constituyente, puesto que por primera vez desde la idea del cambio constitucional, este es liderado por la autoridad máxima del país. Castillo hizo del cambio de constitución y la “refundación de la patria” un componente fundamental de su discurso de campaña y de gobierno. De hecho, el cambio constitucional resultó ser una de las únicas propuestas inmutables del candidato del partido de Vladimir Cerrón.

Gracias a la victoria de Castillo, la posibilidad de un cambio constitucional está hoy “sobre la mesa” para los peruanos. Sin embargo, la posibilidad de un cambio constitucional en las actuales condiciones políticas genera más interrogantes que certezas.

Mientras que los gobernantes y el partido de gobierno, Perú Libre, enfatizan la propuesta de convocar una asamblea constituyente, nada se ha dicho sobre las condiciones que un proceso así necesita para que los cambios mejoren el sistema político y económico, y no para regresar a experimentos autoritarios ya fracasados en el pasado del país o en el presente de países vecinos.

Para entender el momento político que el Perú vive es necesario tener claridad de cómo los costos económicos y sociales de la pandemia han afectado el sistema de creencias políticas de la población, haciéndola mucho más vulnerable a los discursos populistas y estatistas. Además, los conflictos políticos y judiciales de los últimos 5 años han dañado seriamente la confianza de la población en la clase política y en el sistema político en general. Ese clima se dio cuando el “sistema de partidos” ya se encontraba muy erosionado y poseía escasa legitimidad entre la población, según múltiples encuestas.

Hoy en día en el Perú se tiene una “situación de partidos”, donde la amplia mayoría de agrupaciones carecen de un programa e ideales estables y son poco más que “máquinas electorales” y en muchos casos “vientres de alquiler” caudillistas. Esta realidad fue explorada en detalle por los politólogos Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta en su ensayo “¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?”.

Claramente, lo que se tiene en el panorama es un potencial escenario constituyente en el que ya no se tiene a los partidos políticos como en la Asamblea Constituyente de 1979, ni liderazgos fuertes como en el Congreso Constituyente Democrático de 1992-1995. ¿Podría nuestro anémico sistema político sostener un proceso constituyente que sea democrático y oriente los cambios para mejor, o caería el país en una dinámica polarizada y caudillista al estilo de Bolivia, Ecuador, Cuba o Venezuela?

La propuesta del gobierno y de su partido político puede tomar esa debilidad del sistema político peruano como una oportunidad para el copamiento de altos porcentajes de una eventual Asamblea Constituyente con un modelo corporativo que les permita cambiar radicalmente el sistema político y económico del país hacia los objetivos de su ideología. Como han detallado diferentes actores políticos opuestos a un proceso constituyente, dicha visión es abiertamente antidemocrática. Los estudios focales del Centro Wiñaq muestran que existe un riesgo latente en la retórica refundacional del partido de gobierno para enrumbar el país en esa vertiente retroceso de los avances democráticos de la sociedad peruana.

Urge fortalecer las bases democráticas del sistema político nacional, entre ellas los partidos, y de creación de nuevos consensos sociales como precondiciones para que una reforma de la constitución sea realmente un factor de progreso democrático y social del Perú. Actualmente, la falta de legitimidad de los partidos políticos se encuentra en niveles muy altos. Según varias encuestas, la relevancia de una Asamblea Constituyente está muy por debajo de temas más urgentes como la vacunación, la reactivación económica, la generación de empleo, etc. Esta propuesta está motivada por Perú Libre, algunos otros representantes de la izquierda, y una parte minoritaria del electorado; no hay evidencia que sea un reclamo generalizado en la población. Las descritas no son las mejores condiciones para elaborar un cambio que marcará el futuro del país por varios lustros, como lo fue en el caso de Bolivia, Ecuador o Venezuela.