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A lo largo de su mandato, Pedro Castillo ha adoptado una posición discursiva hostil hacia el sector privado, buscando antagonizar con diferentes agentes empresariales, ya sea caracterizandolos como actores opresores (en la narrativa perulibrista/izquierda que pregona la tensión entre diferentes niveles socioeconómicos) o como cómplices de un supuesto complot golpista dedicado a removerlo del despacho presidencial. Sin embargo, en la amplia mayoría de ocasiones, estas posiciones anti empresariales se han manifestado de forma exclusiva a través de discursos y otras herramientas retóricas, rara vez logrando implementar políticas públicas.
Sin embargo, una de las excepciones, es el caso de las restricciones aplicadas por el gobierno en torno a la restricción de la tercerización laboral para “actividades nucleares” (aunque no está claro la definición de cuáles son esas actividades para cada sector). Desde el discurso del gobierno, esta iniciativa fue recientemente priorizada por el Presidente Castillo, siendo incluída en el mensaje de 28 de julio, dándole un carácter reivindicativo para los trabajadores en situación de “precarización”.
El Gobierno pareciera estar apostando a que una medida como esta tendría un importante apoyo popular. Sin embargo, en una reciente encuesta de IPSOS, se observa que cerca de un 75% de la población “no estaba enterada de dicho decreto supremo”. De acuerdo a las cifras de IPSOS, un 14% de los encuestados se opone al decreto supremo, mientras que un magro 8% lo respalda. Si el Gobierno tenía un objetivo político de apoyo popular con esta medida, ésta aún no se ha logrado. La población ha mostrado apatía hacia la medida y ha sido hasta el momento intrascendente. El debate en torno a dichas medidas, por ende, puede ser caracterizado como un debate de las élites económicas y laborales del país, élites tanto empresariales como sindicales, agentes que se ven directamente impactados por tales medidas, a diferencia de la amplia mayoría de trabajadores informales del país. Sin embargo, si el objetivo político del gobierno apunta más bien a beneficiar ciertos grupos de interés, esta medida podría haber sido exitosa. La reciente aparición del Presidente mostrando el apoyo de diversas organizaciones sociales, apunta mas bien al segundo objetivo político.
Es relevante tomar en cuenta el impacto de las restricciones que el gobierno busca imponer sobre la tercerización laboral. De acuerdo al boletín legal LexLatin, el decreto en cuestión pondría en riesgo cerca de 70,000 puestos laborales, mientras que el estudio legal Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría evalúa que tendría un impacto netamente negativo sobre la competitividad en el clima empresarial peruano. Esto pareciera no contribuir a la situación de la formalidad laboral: hasta junio del presente año, el Perú registraba una tasa de informalidad laboral récord, del 76% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. En pocas palabras, un amplio sector de la población no se vería directamente afectado por el decreto promulgado por el ejecutivo.
La desinformación y desinterés en cuanto a tales medidas, contrario a suposiciones comunes, no proviene necesariamente de la supuesta ignorancia del electorado, pero a su vez, proviene de una apatía sincera, una falta de interés motivada por el hecho de que un sector abrumador de la población tiene preocupaciones y problemáticas distintas en su agenda (generación de empleo, reactivación económica, inseguridad ciudadana, corrupción, etc. según última encuesta de IPSOS), estando en una posición desde la cual no se verán directamente afectados por el impacto del decreto en cuestión.
Fuentes:
Centro Wiñaq Investigación & Consultoría
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