Concertar y recuperar

Suele decir mi amigo, el sociólogo Javier Díaz Albertini —con su acostumbrada lucidez—, que la política es negociación. El ejercicio del urbanismo es en esencia una acción política, en el mejor sentido de estas dos palabras. Su éxito o fracaso depende de cómo se gestiona, y en esa gestión debería participar directamente el usuario, es decir, la población que se verá favorecida —quiero pensar siempre en positivo— por lo que los urbanistas proponen.

Desde hace mucho tiempo en nuestro país, los planes pasan por consultas a la ciudadanía para recoger sus opiniones y poder incorporar sugerencias en ellos. De la misma forma y a otra escala, las obras de cierta envergadura —especialmente las obras públicas— requieren también de una consulta vecinal para recabar la opinión de la población directamente involucrada, y prosiguen si esta es favorable. En el proceso de la obtención de una autorización, los vecinos tienen, o deberían tener, el mismo peso que se les da a los estudios de impacto ambiental o de impacto vial. Tal vez sería deseable hablar de un estudio de impacto social, que señale las ventajas de realizar determinadas obras y de cómo estas van a favorecer directamente a la población y a mejorar su calidad de vida, que es el objetivo principal del urbanismo y de toda política urbana.

En esta columna nos hemos preocupado por señalar lo importante que es contar con la población para el proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima. Involucrarla directamente o a través de las instituciones que la representan debería ser uno de los objetivos centrales de la recuperación, dado que la población tendría que ser la directamente beneficiada. Actuar de espaldas a ella o en su contra no augura nada positivo para un proceso que debe garantizar sostenibilidad en el tiempo, lo que solo se conseguirá con el consenso con la población y las instituciones.

La actuación de la comuna limeña al intervenir la plazuela de San Francisco, de manera violenta, de noche, con uso de maquinaria pesada y sin la anuencia de la Orden Franciscana —históricamente principal usuario de la misma—, es un acto de imposición que no ayuda al proceso de recuperación. Por el contrario, ha generado un conflicto en el sector más importante del Centro Histórico, el que diera origen a la declaratoria de Lima como Patrimonio de la Humanidad.

En medio de la situación, resulta saludable que el Ministerio de Cultura del Perú haya reaccionado rápidamente a través de un comunicado y se haya ofrecido a mediar en el conflicto. Esperemos que este proceso sea breve y se puedan llevar rápidamente las negociaciones a buen puerto. Deseo que no suceda como en otros casos, en los que, mientras se resuelven las controversias, quedó el Centro Histórico privado de uno de sus espacios más valiosos y significativos, importante patrimonio de la ciudad y de la humanidad, como señala la Unesco. Creo que la ciudad y los ciudadanos no nos merecemos eso.

Finalmente, si de recuperación de tradiciones se trata, tal vez valga la pena recordar que el origen de nuestros municipios está en los viejos cabildos, que, cuando ciertos temas lo ameritaban, convocaban a un cabildo abierto, que no era otra cosa que la reunión de pobladores, presidida por un buen vecino, que era el alcalde, el cual se encargaba de poner en práctica las decisiones que, de forma concertada, tomaba la población. Hoy a esa interrelación favorable entre el Estado y la sociedad civil para alcanzar objetivos le llamamos gobernanza. La falta de ella no permite la gobernabilidad; sin esta última no hay ciudad ni recuperación urbana posible.