Las Instituciones de Educación Superior peruanas deben considerarse como actores claves del desarrollo sostenible y trabajar de la mano con los diversos actores públicos, empresariales y de la sociedad civil, desde su territorio de incidencia y dentro de sus propósitos esenciales de formación e investigación, rumbo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el país se comprometió a alcanzar ante las Naciones Unidas. Dos obligaciones de la Ley Universitaria nº30220 permiten corroborar esta afirmación: el artículo 124 sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y el artículo 130 sobre Servicio Social Universitario.
El artículo 124 define muy bien lo que es la RSU, no una invitación para algunas acciones generosas extracurriculares, sino la obligación de gestionar en forma ética e inteligente los impactos sociales y ambientales que la universidad genera desde el ejercicio de todas sus funciones: Formación académica, Investigación, Gestión del campus (humana y ambiental) y Participación social. Estos impactos pueden ser positivos o negativos, por eso la universidad es “responsable” y debe primero investigar estos impactos; segundo tener una política institucional que los oriente; y tercero ponerla en práctica permanentemente con toda su comunidad (autoridades, docentes, administrativos y estudiantes). Además, el artículo 125 obliga a invertir los recursos necesarios para dicho propósito (mínimo 2% del presupuesto) y exige que el proceso de acreditación lo considere entre sus estándares de calidad y mejora continua.
La Ley Universitaria brinda entonces un instrumento de gestión social de la educación superior inconfundible con un mero voluntariado estudiantil de fin de semana. La RSU se relaciona estrechamente con la calidad universitaria porque es transversal, invita a concebir al aprendizaje basado en proyectos sociales como una metodología clave de enseñanza profesional, resalta la importancia de la investigación-acción en y con la comunidad para resolver problemas sociales y ambientales, luego busca el propósito de pertinencia social de la formación e investigación. Incluso, la RSU obliga a mirar aspectos no atendidos de la vida universitaria como son el buen clima laboral, la equidad de género en los puestos directivos, los criterios éticos y ambientales de las compras institucionales, la gestión ambiental integral de la institución, etc. La idea es de lograr la ejemplaridad ética de la universidad, la congruencia entre el discurso y los hechos.
El artículo 130 define el Servicio Social Universitario: “la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes universitarios, de manera descentralizada; tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad”. Obligatoriedad, relación estrecha con las enseñanzas profesionales recibidas y contribución con políticas públicas de interés social, he aquí tres características del Servicio Social que otra vez lo hacen inconfundible con organizar una chocolatada o un pintado de paredes. El Servicio Social dentro de una política de RSU orienta al contrario los estudios universitarios hacia la obtención de un título gracias a un aprendizaje que sirva a la vez al estudiantado y a la sociedad. Por lo que implica cambios claves en el diseño de las mallas curriculares, los métodos de enseñanza, el propósito de las investigaciones y la definición de los criterios de calidad universitaria, para que el proceso de acreditación también se vuelva responsable, incentivando lo que realmente importa.
Todo conduce a este cambio responsable: los jóvenes que ya no quieren enseñanza memorística sino protagonismo y sentido; las crudas realidades planetarias que ya no piden profesionales mecánicamente formados en rutinas mentales compartimentadas del siglo XX sino actores innovadores capaces de emprender la gran transición ecológica que la humanidad necesita; las exigencias socio-ambientales de las políticas internacionales de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, que no pueden seguir en las solas manos del Estado con unas empresas y universidades funcionando a espaldas de los desafíos, y una sociedad civil mantenida en la ignorancia consumidora. No cambiaremos el color de la economía de negra a verde repitiendo en los salones de clase las mismas ideas equivocadas que construyeron la situación insostenible actual, en la que la humanidad serrucha la frágil rama de equilibrio ecosistémico sobre la cual está sentada.
Desde ya, todos los actores sociales están convocados para empezar nuevas alianzas con la academia, aprovechando el marco legal de la RSU: las grandes empresas que necesitan una política mucho más responsable para sus negocios a nivel nacional e internacional; los gobiernos locales que pueden resolver los problemas concretos de la población y del territorio con participación activa de cientos de miles de estudiantes junto con sus profesores e investigadores especializados; las organizaciones de la sociedad civil orientadas hacia la defensa de causas éticas que necesitan de las luces de la investigación combinada con la acción de jóvenes motivados por una formación universitaria sensata; las micro y pequeñas empresas que precisan de apoyo para la formalización, innovación y consolidación de sus negocios en el marco de la ley y el desarrollo humano sostenible. Se lucha mejor contra la vulnerabilidad con ciencia aplicada que con dádivas asistencialistas.
Desde los cursos de carrera como desde la extensión, el estudiantado y el profesorado pueden ser una palanca de desarrollo increíblemente eficaz si se asocian con otros actores públicos y privados, palanca a muy bajo costo puesto que esta participación se da dentro de las obligaciones normales de la educación superior, dentro de una política de calidad y responsabilidad social. Ya la Municipalidad Metropolitana de Lima está aprovechando la RSU en un Programa (premiado) que convoca a las universidades limeñas para participar en sus proyectos de desarrollo en los diversos distritos que lo necesitan. La población se beneficia, la MML y las universidades también. Esta generación de iniciativas es la mejor inversión para el país: la inversión en inteligencia y empatía social de la educación superior, que forma a la futura generación de líderes.
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