Actores que hacen historia y dan sentido a la memoria

En medio del mayor proceso de investigación penal abierto a causa de delitos de corrupción por el caso Odebrecht y de la confrontación política de diversos actores, particularmente de la mayoría congresal, resulta fundamentalmente ético recordar que hay problemas de larga data en el país que merecen ser atendidos, por ejemplo, la búsqueda de personas desaparecidas.

En el Perú, aunque la problemática de desaparecidos lleva más de 30 años, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue promulgada el 2016 y, recientemente, la Ley de Banco de Datos Genético (2018). Su objetivo prinicipal es promover la recuperación y restitución de restos de víctimas de la violencia política con un enfoque humanitario -un aporte de la problemática peruana al mundo-, es decir no esperar solamente la resolución de los largos procesos judiciales para recién buscar, exhumar –si es el caso- y restituir los restos, sino poner por delante la necesidad de responder al dolor de las víctimas mediante una serie de herramientas y recursos que hoy proporciona la búsqueda de personas desaparecidas en todo el mundo, como identificarlos a partir de las prendas que usaban cuando desaparecieron.  Esto supone un cambio de enfoque en el Ministerio de Justicia y la recién creada Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas para atender el derecho a saber de las víctimas. El enfoque humanitario que plantea la ley debe ser implementado en un proceso de diálogo que no agote esfuerzos para la búsqueda y la atención de las demandas de los familiares sobre sus seres queridos desaparecidos.

Hoy sabemos que hay más de 20 000 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del ministerio de Justicia, creados en el marco de la Ley Nº 30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980-2000. La cifra es escandalosa en un país que se enorgullece de contar con un crecimiento económico sostenido y de ser considerado un país de renta media. Así, la política de búsqueda de personas desaparecidas se suma a otras iniciativas estatales adoptadas en los últimos quince años para hacer frente a las consecuencias del conflicto armado interno. Entre ellas, la creación de la CVR (2001) y, como respuesta a las recomendaciones formuladas por esta Comisión, la política de reparaciones (2004), de la que se desprenden un Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN).

Esta perspectiva de derechos ha sido comprendida –y aprendida- de forma temprana por las organizaciones de familiares y víctimas quienes han impulsado diversas iniciativas para fortalecer esta búsqueda, no solo en las instancias judiciales sino también en los procesos de conmemoración como el seguido para la creación del Santuario de la Memoria La Hoyada, un terreno de más de 7 mil hectáreas ubicado al lado del cuartel Los Cabitos, Ayacucho. Para las mujeres, miembros de la ANFASEP, este lugar es sagrado, la tierra es sagrada: el resto de sus familiares yace ahí. En ese sentido, las asociaciones de víctimas han mantenido un largo proceso de demandas y articulación con el Estado en busca de respuestas para resolver esta problemática.

En este largo proceso podemos observar el tránsito de los familiares de víctimas hacia una conquista de ciudadanía; han adquirido experiencia en el diálogo con instancias estatales y organizaciones sociales, donde han ido desarrollando una serie de recursos —capital social y simbólico— que da fuerza a sus demandas y les brinda legitimidad. Así, la demanda de justicia aparece, también, como una corriente de fortalecimiento de la democracia, en la medida en que contribuye a consolidar el estatus y la experiencia de ciudadanía de la población.

Analizar la creación de la política de búsqueda de personas desaparecidas es una experiencia de aprendizaje para la participación y la acción ciudadana, pero también para los actores estatales que deben incorporar estas intervenciones en la formulación e implementación de políticas públicas. En medio de los afanes políticos de estos días, por recuperar y fortalecer la democracia, no podemos olvidar a esos otros actores que también hacen historia: a las víctimas que participan activamente para traer a la memoria colectiva a sus seres queridos, que trabajan para que ese recuerdo sea reconocido por el Estado y la sociedad; para que la memoria tenga sentido en las nuevas generaciones.