El 171° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado del 13 al 15 de febrero en Sucre (Bolivia), ha sido ocasión para ampliar los temas e incluir demandas largamente postergadas de diversos actores sociales en la región. Algunos temas novedosos o que han adquirido reciente visibilidad, son las implicancias de la corrupción en los sistemas de justicia -que tuvo una audiencia temática-, así como la realización de la II Consulta Pública de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia que tuvo como objetivo facilitar la participación de las personas y organizaciones de la región andina. Aunque es una temática histórica en los países de la región, tardó en ser materia de una unidad especializada. Actualmente, la unidad encargada ha adquirido la categoría de Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, como informó Antonia Urrejola (Chile), la comisionada responsable de la temática.
La audiencia pública en Sucre buscó ampliar la diversidad regional fomentando una mayor presencia de participantes de la región andina, así como dialogar y contribuir sobre políticas de memoria en esta región. La consulta realizada por la CIDH ha contado con el apoyo de Red Latinoamericana de Justicia Transicional (RLAJT)[1] y de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños.
Entre los temas tratados, destacan la necesidad de que los Estados desarrollen y fortalezcan políticas públicas de memoria; en particular aquellas destinadas a educación y memoria, mediante el sistema educativo formal a través de un diseño integral de abordaje de la educación en derechos humanos que permita generar el conocimiento sobre las violaciones ocurridas en el pasado y el presente; así como a través de legislación sobre sitios de memoria, implementación de instrumentos, y la adecuación de los Principios Fundamentales sobre Sitios de Memoria del IPPDH[2] para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los puntos fundamentales recayó en la necesidad de promover la participación activa de los familiares y víctimas en los políticas de reparaciones, particularmente en los procesos de búsqueda de personas desparecidas por el conflicto armado interno, que atraviesa a algunos países de la región como México, Colombia, Perú y Chile. La perspectiva asumida por la CIDH es un reconocimiento al proceso seguido por las organizaciones y familiares de víctimas y de derechos humanos que, en medio de disputas políticas por la memoria en varios de los países de la región, han persistido en la demanda de sus derechos a través de una articulación con mecanismos de los Estados que permitan articular políticas públicas en democracia.
Crear una Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia responde a un proceso de debilitamiento en los temas de memoria, verdad y justicia a nivel de la región que preocupa a la @CIDH. Pero la decisión de crear una Relatoría especializada puede leerse de otro modo, la CIDH empieza a acompañar de manera institucionalizada los avances en políticas públicas que vienen realizando algunos estados, como el Perú, y así animar a otros países a caminar en ese sentido. En nuestro país, la Relatoría para la Libertad de Expresión, que ha seguido de cerca el tema de la concentración de medios de comunicación, así como la Relatoría de Pueblos Indígenas o de las Mujeres, han adquirido relevancia debido a los casos que se han presentado por afectación de derechos.
Las Relatorías, creadas por la Comisión Interamericana a partir de 1990, buscan brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. Así los familiares y víctimas en el Perú encuentran un nuevo instrumento institucional del sistema interamericano para acompañar el proceso de acceso a derechos mediante la promoción de políticas públicas donde la memoria, la verdad y la justicia empiezan a ser reconocidas como pilares fundamentales del ejercicio ciudadano en el continente.
[1] Actualmente el IDEHPUCP tiene la secretaría ejecutiva de la RLAJT
[2] Instituto de Política Públicas en Derechos Humanos - Mercosur
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