Tomando en cuenta la dinámica del cambio en las pesquerías, hay una suerte de embalse regulatorio respecto a diversos temas, varios de ellos críticos para el devenir de las pesquerías peruanas, como resultado de la postergación por muchos años de decisiones necesarias para su sostenibilidad.
Sin embargo, a última hora, el Congreso de la República y el Ministerio de la Producción vienen aprobando normas y leyes sobre temas pesqueros, con una celeridad que afecta la consistencia de lo que se propone, tanto en las prepublicaciones de regulaciones como en los proyectos de ley.
Por ello, es necesario prestar mayor atención al trabajo que realiza el Parlamento, especialmente en estos días, por la jerarquía de las leyes en la estructura jurídica del país y porque son más difíciles de derogar o modificarlas.
Justamente, aquí me quiero referir a dos casos recientes. El primero es el Proyecto de Ley 6080 sobre plantas de reaprovechamiento pesquero que priorizaba la producción de harina de pescado antes que los productos para el consumo de las personas, en la pesquería de anchoveta para el consumo humano directo. Cambios en la composición de la Comisión de Producción del Congreso y la advertencia oportuna de las consecuencias de tal iniciativa, lograron que dicho proyecto de ley regrese a la comisión. No se conoce de algún gremio empresarial, de armadores y/o de pescadores que públicamente hayan opinado a favor o apoyado tal proyecto de ley.
El segundo caso tiene que ver con el Proyecto de Ley 7837 sobre el proceso de formalización de la flota artesanal, proceso además que necesita avanzar de manera sustancial. Sin embargo, el proyecto de ley en discusión tiene como su principal observación el no poder distinguir con claridad en las embarcaciones no acreditadas, si se tratan solamente de papeles o de una lancha pesquera. Esta situación va en contra de la regulación pesquera vigente, con consecuencias no solo en la eficiencia de la operatividad del conjunto de la flota (un indicador importante en la gestión pesquera), sino también en los precios de venta en muelle, como ya ha ocurrido en determinadas épocas. Por ejemplo, cuando gran parte de la flota actual trae pota, saturan las plantas pesqueras y el precio se derrumba, pues termina usándose para obtener harina de pota.
Es cierto que las funciones de los representantes del Congreso y de los Ministerios es hasta fines de julio. Sin embargo, sería útil que se concentraran en revisar y aprobar leyes urgentes como la actualización de la Ley Contra el Crimen Organizado de tal forma que incluya los delitos contra la flora y fauna silvestre.
El Ministerio de la Producción, por su parte, debería concentrarse, en el corto periodo de transición, en expresar con claridad y transparencia los aspectos funcionales, las prioridades identificadas como de la logística y los recursos humanos con que se dispone.
Le corresponderá, a partir de agosto, al nuevo Congreso de la República establecer en la agenda legislativa los temas pesqueros prioritarios que necesitan aprobarse en este poder del Estado y al PRODUCE especificar la agenda regulatoria que el sector pesquero necesita y demanda.
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