50 años de la Comunidad Andina: ¿Qué le pedimos los ciudadanos?

Este mes se cumplen 50 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, el mismo que dio nacimiento al denominado Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. En efecto, el 26 de mayo de 1969, los jefes de Estado y representantes plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, suscribieron en Cartagena de Indias el Acuerdo de Integración Subregional Andino. Se trata de un instrumento jurídico internacional que, a pesar de sus detractores, ha sentado las bases del más importante proceso de integración económica y social de América Latina debido a dos factores que muchos no se han percatado o, si lo han hecho, pretenden dejar de reconocer: su institucionalidad y su supranacionalidad.

Los países suscriptores del Acuerdo de Cartagena decidieron avanzar en un proceso cuyos objetivos son promover el desarrollo equilibrado, acelerar su crecimiento y generar empleo, facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar su posición en el contexto económico internacional y, finalmente, reducir las diferencias de desarrollo existentes.  Como fin ulterior y poco conocido, el Acuerdo de Cartagena propende el mejoramiento persistente del nivel de vida de sus habitantes.

Pero ¿qué ha pasado? El proceso de integración andino ha tenido diversos imponderables a lo largo de sus 50 años de existencia. Ellos no provienen del proyecto que convocó a sus fundadores, sino a factores asociados con los nacionalismos exacerbados y falta de visión de muchos de los gobernantes de turno. Tampoco son la consecuencia de lo pendular de las políticas económicas de sus países miembros. Prueba de ello es que, tanto Chile como Venezuela, se retiraron por razones diametralmente opuestas en cuanto a sus modelos de desarrollo. Menos, debido a que no se alcanzaron los objetivos económicos trazados originalmente, puesto que el comercio subregional ha crecido y se ha visto facilitado, precisamente, por las reducciones arancelarias acordadas a lo largo de los años.

Desde inicios de la década de los noventa, se puso de moda la suscripción de acuerdos bilaterales de libre comercio, los mismos que, a pesar de su innegable importancia, han dado la espalda al proceso que sirvió de plataforma exportadora para las pequeñas y medianas empresas. A ello, cabe agregar que las cúpulas de algunos sectores empresariales asociados con intereses mercantilistas han señalado sin mayor fundamento que la Comunidad Andina “responde a un modelo superado” que “no ha logrado consolidar una zona de libre comercio” y, finalmente, “no sirve para nada”. Del mismo modo, se nota una falta de participación y conocimiento de la sociedad civil, de la comunidad jurídica y académica. Ello se vincula con el desconocimiento y ha generado que el proceso de integración se encuentre a manos de la burocracia y esté supeditado a los intereses de los gobiernos de turno.

A lo anterior, hay que agregar que en muchos casos no se ha convocado a personas capacitadas para dirigir los destinos de las diversas instituciones que conforman el Sistema Andino de Integración, además de que los responsables de los temas andinos en las diferentes reparticiones gubernamentales asociadas con la Comunidad Andina han decrecido en el nivel de representatividad. En otras palabras, un círculo vicioso que no ha permitido avanzar como lo ha hecho la Unión Europea.

¿Qué se debe hacer? Debemos ser conscientes que la Comunidad Andina es, en cierta medida, un proceso paralizado y sin visibilidad. Del mismo modo, parecería que los responsables se han olvidado que su objetivo es el mejoramiento de nivel de vida de sus habitantes. En otras palabras, nosotros, los ciudadanos.

Por ello, se debería encomendar a la Secretaria General, con el concurso de Tribunal Andino de Justicia y ciudadanos con visión de futuro y compromiso real, para que en un plazo de 100 días presenten una lista de decisiones, no asociadas necesariamente con el plano arancelario, que tengan impacto en el comercio y en los habitantes andinos. Por ejemplo, normas sobre etiquetado y rotulado de productos que eviten costos innecesarios a los exportadores; disposiciones modernas sobre políticas de competencia; perfeccionar la normativa sobre denominaciones de origen con objeto de brindar valor agregado a nuestros productos de exportación; potenciar nuestras industrias culturales. Del mismo modo, reactivar la cooperación técnica con la Unión Europea y otras entidades internacionales con las que la CAN se ha marginado por más de una década; así como convocar profesionales de alto nivel que se caractericen por su compromiso y creatividad.

Esperemos que el 26 de mayo de 2019 no sea un día en el que los Jefes de Estado hagan gala de discursos grandilocuentes y sin efectos en la ciudadanía. Esperamos que se erija en el día en el que la Comunidad Andina retome la senda que le corresponde históricamente. Los ciudadanos andinos creemos en la integración y los gobiernos deben escucharnos.