Medidas económicas en los primeros 100 días de la cuarentena

La crisis de la pandemia de la COVID-19 ha significado un choque combinado de oferta y de demanda sobre la economía peruana. Así, el circuito económico de producción (oferta) y consumo (demanda) se detuvo bruscamente por las medidas de confinamiento y por ello, las medidas adoptadas por el Ejecutivo han sido necesarias. Medidas orientadas a mantener los negocios y preservar el empleo, así como aquellas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de la población golpeada especialmente en el segmento pobre y no pobre vulnerable.

Por el lado de las familias, los mecanismos planteados de bonos y canasta de alimentos estuvieron bien concebidos, pero como ya es costumbre tuvieron problemas de implementación y ejecución. Para empezar, debido a una deficiencia de la política social del país, el foco siempre estuvo colocado sobre el segmento de población pobre (programas sociales a cargo del MIDIS), dejando fuera del mapeo a la población no pobre vulnerable que alcanzaba a 1.5 millones de hogares. Asimismo, la entrega de canastas de alimentos a la población “que más la necesitaba” se enfrentó con las ya conocidas debilidades de gestión de algunos municipios. El fraccionar la entrega de canastas en más de 1,800 municipios, aunque cumpliendo las responsabilidades de la descentralización, fue un grave error. Era necesario realizar una planificación centralizada mayor, coordinar compras en cantidad y aprovechar la logística del Ejército, organizaciones de la sociedad civil, la iglesia y del sector privado que tiene más experiencia en este tipo de situaciones.

Por el lado del sector empresarial, su gran atomización con un 90% de empresas en las micro, pequeñas y medianas empresas requería un apoyo directo a través de la banca, en la línea de los programas FAE Mype, Reactiva y subsidio a la planilla. Aunque bien enfocados, la naturaleza informal de una parte de nuestra actividad productiva y sin experiencia previa en el sector financiero ha hecho más difícil llegar a ellas, debiendo lanzarse una segunda versión de Reactiva e incluso requiriéndose un mayor apoyo a la planilla.

A manera de conclusión, el estricto y prolongado confinamiento en el Perú jugó en contra de la efectividad del Estado de apoyar a los hogares y empresas, por lo que su duración se convirtió en un costo económico y social adicional. Nunca debimos subestimar la debilitada gestión pública debido al enorme rezago de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la poca importancia concedida a la informalidad y a la no tan evidente vulnerabilidad.

A manera de recomendación, la reanudación de actividades debe privilegiar el cumplimiento de los protocolos de higiene y brindar apoyo a los negocios más pequeños de parte del Ejecutivo; más tiempo pone en serio riesgo a los trabajadores informales y vulnerables. El Ejecutivo debería privilegiar la entrega de un bono universal adicional y asegurar su entrega a todos los hogares identificados como vulnerables, aprovechando los errores de los primeros bonos.

La inversión pública absorberá algunos empleos, pero solo en forma temporal, por ello será crítico el impulso a la inversión privada recuperando su confianza. Es urgente que el MEF presente su marco macrofiscal de mediano plazo y ayude a anclar expectativas de los agentes productivos que puedan ver que hay una planificación que va más allá de julio del 2021, pues ahora lo que importa más es la recuperación de la economía. La recuperación se apoyará en una mayor confianza entre autoridades y el sector empresarial y la sociedad civil. Debemos recordar que la persistencia de la informalidad es justamente el reflejo de un rompimiento de confianza entre Estado y ciudadanos. Sin esa confianza difícilmente podremos revertir los años perdidos de bienestar que la crisis nos está generando.