Retos de la gestión pública para la pospandemia

La pandemia de la COVID-19, aparte de sus dramáticos efectos sobre la economía y la salud de los peruanos, debe ser vista como el más importante motivador de un cambio en el enfoque estratégico de la gestión del Estado; un golpe de timón en el diseño e implementación de políticas públicas y en cómo orientarlas hacia el desarrollo.

La crisis ocasionada por la pandemia, la peor después de la Guerra con Chile, viene exigiendo al Estado salir de su “estado de confort” con el fin de amortiguar sus efectos sobre la salud de los peruanos, así como sobre la economía; estimaciones adelantan que retrocederemos aproximadamente 9 años en pobreza, tamaño de la clase media y los ingresos promedios de los peruanos. Aunque es claro que el mundo entero viene soportando el impacto de la pandemia, la efectividad de su respuesta depende del grado de preparación de cada Estado, no sólo en materia macrofiscal (ahorros fiscales, estabilidad macroeconómica) sino especialmente en términos de sus capacidades estratégicas y de gestión. Esto ha quedado demostrado con los problemas para focalizar debidamente a la población vulnerable, limitada bancarización de la población, corrupción en la compra y entrega de canastas de alimentos e igualmente en la adquisición de EPPs, etc.

Las principales lecciones que se deben aprender de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 son las siguientes:

1.- La institucionalidad va más allá de las personas y tiene un enfoque de mediano y largo plazo y por ende requerimos un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que determine, con visión prospectiva, cuál es la ruta estratégica hacia un estado de desarrollo que mejore el bienestar de los peruanos.

Las sucesivas “crisis” que se han tenido que enfrentar desde el año 2016 han llegado a su punto más álgido con la pandemia global. Sin embargo, aun cuando salgamos de lo más crítico de ésta, seguimos sin tener un rumbo claro hacia dónde conducir el país. ¿Qué tipo de país debemos ser? ¿Cómo nos prepararemos para los riesgos y oportunidades globales que se presentarán en las próximas décadas? ¿Cómo aprovecharemos nuestro potencial de diversidad en el sentido más amplio para encajar en nuevas cadenas globales de valor?

2.- Nadie en el Estado tiene a su cargo la responsabilidad por la población “no pobre vulnerable”. Los programas sociales se enfocaron en la reducción de la pobreza por lo que el segmento “no pobre vulnerable” pasó simplemente a formar parte de una masa. La vulnerabilidad debe ser debidamente conceptualizada en los factores que la determinan e inciden sobre su comportamiento y tamaño. Esto debido a que el desempeño cíclico de nuestra economía está demasiado expuesto a vaivenes externos que le introducen incertidumbre, y por ende se requieren políticas focalizadas y multisectoriales para mantener a esta población alejada de retornar a la pobreza.

3.- Es urgente conocer el grado de implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública, liderada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo fundamental de esta Política es propiciar que la gestión del Estado se oriente a resultados, resaltando la importancia de ser no sólo eficaz en atender las necesidades de la población, sino especialmente eficiente, preciso y oportuno. Los retrasos y trabas en la implementación de esta importante política han debilitado la capacidad del Estado de afrontar la presente crisis y de plantear un camino de recuperación más estratégico y sostenido.

Así, nuestro Estado debe dejar de ser pasivo a ser más estratégico y proactivo de forma tal que se introduzca una cultura de anticipación estratégica, seguimiento y evaluación que asegure el aprendizaje de las duras lecciones que la crisis nos está enseñando. Lo peor que podría suceder es que la dureza de la crisis se olvide después de la recuperación y se posterguen otra vez las reformas hacia un mejor Estado.

4.- En lo fiscal, establecer un horizonte creíble de consolidación fiscal es un imperativo, especialmente pues debe implicar realizar definitivamente una reforma tributaria con horizonte de mediano plazo y la mejora de la calidad del gasto público. La debilidad para generar mayores ingresos fiscales permanentes por la reducida base tributaria que tenemos por deficientes medidas tributarias durante los últimos 5 años y la pérdida de recursos públicos debido a la corrupción e ineficiencias del gasto (el BID ha estimado estas ineficiencias en alrededor del 2,5% del PBI), justifica no postergar más ambas reformas. Recuperar el espacio fiscal no depende exclusivamente de generar mayor carga tributaria sobre la reducida base tributaria sino de un enfoque más integral de mejora de la calidad del cumplimiento tributario, así como de la calidad del gasto público. La eficiencia es una dimensión del desempeño que será ahora más que nunca fundamental pues los ingresos tributarios serán más escasos y la fuente endeudamiento será más utilizada.

No debemos esperar a otra crisis tan severa o peor que la actual para darnos cuenta de que debemos cambiar nuestro Estado de uno pasivo, miope, reactivo y en “piloto automático” a uno proactivo, estratégico y que introduce reformas oportunas hacia saltos cualitativos que nos conduzcan en un crecimiento sostenido hacia el desarrollo. La pospandemia no es sólo sobre la recuperación económica que será más bien un rebote, sino se debe reflexionar sobre cómo replantear y repensar cocreativamente los motores del desarrollo pos-2021. Repensar el empleo del futuro, la educación del futuro, el aprovechamiento de nuestra bio diversidad, la equidad y la movilidad social es urgente en esta coyuntura.

Requerimos autoridades que engrosen su vocabulario con un nuevo lenguaje del desarrollo que incluya términos como planeamiento prospectivo, cocreación, estrategias disruptivas, proactividad, eficiencia y productividad. A esto debemos agregar la realización de alianzas o pactos entre Estado, sociedad civil, sector privado y academia para resolver creativamente problemas complejos y persistentes como la informalidad, la baja productividad alrededor de un concepto nuevo de cohesión social.