A poco del último mensaje del presidente Martín Vizcarra, próximos al inicio de una nueva legislatura, retumban en los oídos algunas propuestas orientadas hacia la modificación del capítulo económico de la Constitución de 1993 o incluso retornar a la Carta Magna de 1979. Todas ellas demostrarían un descontento respecto a cómo el crecimiento económico no se ha traducido en bienestar para la mayoría de los peruanos. De alguna forma esto nos lo recordó la ministra de Economía cuando nos dijo que “en el Perú no todos somos iguales”.
La falacia del “milagro económico” nos demuestra que no era suficiente crecer, sino que el reto era lograr que ese crecimiento fuera sostenido y que las autoridades privilegiaran la calidad del crecimiento (reducir desigualdad, mejorar competitividad, reducir informalidad, mejorar la movilidad social); definitivamente nunca lo hicieron. Crecer más que los demás países de la región era también una falacia pues lo que nos debió siempre interesar era cuánto nos acercábamos a los países “similares” a nosotros; es decir, siempre debió interesarnos la velocidad y calidad del crecimiento.
Sin embargo, crecer es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo sostenible y justo; para ello, siempre hemos necesitado no cualquier Estado, sino uno capaz. Recordemos que el crecimiento genera recaudación y con ella los gobiernos asignan y ejecutan presupuestos para lograr resultados de bienestar en la población. Por otro lado, para cumplir con los fines propios del Estado, las autoridades crean normas en la forma de políticas como la tributaria, laboral y regulatoria que establecen las reglas de juego de las relaciones económicas.
Por esta razón, el “modelo económico” siempre fue sólo un instrumento para lograr crecimiento y desarrollo, pero realmente aprovecharlo dependía de la existencia de estrategias y reglas de juego que reconozcan el desarrollo como una verdadera aspiración e hicieran tangible el bienestar en el ciudadano. Ese conjunto de reglas de juego las define el Estado a través de sus instituciones y normas. Entonces, es muy posible que el “modelo económico” no sea el problema, sino que más bien el Estado y las autoridades que nunca comprendieron el tamaño del reto y que permitieron por décadas que persistiera la corrupción y otros comportamientos rentistas, incluso en su institucionalidad.
Una de las razones por las cuales nuestro “modelo económico” no se ha traducido en mayor bienestar para la mayoría es por el limitado vocabulario de nuestro Estado. Mi hipótesis es que pasar del crecimiento al desarrollo requiere de un pensamiento pro-desarrollo y nuestras autoridades se acostumbraron a gestionar equilibrios básicos y por ello nunca advirtieron la necesidad de reformas más allá de las de los 90. Las reformas son como el afinamiento de un motor, sino se realizan a tiempo, el sistema entra en desgaste y se deteriora.
Prioridades
Nuestras autoridades no han tenido en su vocabulario términos importantes como cohesión social, desarrollo, planeamiento y anticipación estratégica. El analfabetismo del desarrollo de nuestras autoridades les ha hecho concentrarse casi exclusivamente en la superficie de los problemas; se habla hasta el cansancio de crecer como un fin, cuando es sólo un medio y a las autoridades les ha bastado con lograr crecimiento y un equilibrio macrofiscal “suficiente”. Así, es fácil ser autoridad.
Lo difícil es convertir el crecimiento en desarrollo y ello exige que autoridades en realidad comprendan correctamente los problemas estructurales del país, diseñen las soluciones en base al conocimiento de evidencia y de la realidad de nuestro país, sepan cuáles son las verdaderas aspiraciones de los peruanos, se comprometan a alcanzarlas y complementen lo correctamente técnico con el consenso político exigido en una democracia.
¿Cómo actualizamos el vocabulario de nuestras autoridades? La única forma de hacerlo es aceptando que debe existir un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). En concreto, el PEDN proporcionará: objetivos y prioridades nacionales de mediano y largo plazo, la ruta estratégica para salir de la “trampa del ingreso medio” y un consenso (indiscutible) respecto a temas como importancia de las libertades individuales y económicas y de la inversión privada para el desarrollo, necesidad de un mejor Estado no necesariamente de un Estado más grande, la meritocracia, la transparencia y el accountability que significa asumir los costos de la ineficacia. Un PEDN permitirá introducir el concepto de “cohesión social” que transmite un sentido de pertenencia y visión compartida. Claramente, la elevada desigualdad, la informalidad del empleo de 75% y el incumplimiento tributario superior al 30% demuestran todo lo contrario a la “cohesión social”. En nuestro país, hay sectores sociales y económicos que lo más que le exigen al Estado es que no les entorpezca; “más ayuda el que no estorba” decía mi mamá.
En resumen, nuestras autoridades siguen pensando que todo se puede lograr administrando la escasez, con actitud pasiva y miope frente a los enormes retos del desarrollo. A casi un año de un cambio de gobierno, las actuales autoridades, en consenso, con el Congreso deben trabajar en conjunto para dejar una agenda de reformas clave sobre la que los próximos candidatos puedan hacer sus propuestas de gobierno y así convertirse en las autoridades que iniciarán el verdadero cambio de nuestro país. Si todos los peruanos no somos iguales y la pandemia profundizará esas brechas, ¿qué haremos desde hoy para iniciar la verdadera transformación para un Perú como se lo merecen los peruanos que están naciendo en este momento?
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