Hacia un Estado moderno y más ciudadano

Probablemente una de las reformas más comentadas en nuestra historia viene siendo la Reforma del Estado. Sin embargo, nos hemos mal acostumbrado a llamar a todo cambio una reforma y así le hemos restado relevancia. La debilidad del Perú en materia de competitividad y productividad nos mantienen en la llamada “trampa del ingreso medio”. La enorme diferencia entre crecimiento y desarrollo se sustenta justamente en nuestra imposibilidad de salir de dicho entrampamiento.

Aunque parezca contradictorio, una Reforma del Estado implica no sólo lograr que el Estado se oriente a resultados y se centre en el ciudadano (lo cual es ya un consenso internacional y local) sino especialmente implica que los ciudadanos tengan más participación en las decisiones y capacidad de control sobre sus autoridades. Esta Reforma del Estado va de la mano de la necesaria “ciudadanización” de todos como pobladores del Perú.

La incipiente democracia ha circunscrito la vocación ciudadana a solo el ejercicio del voto, sin embargo, ser ciudadano al 100% implica lo siguiente: i) elegir a una autoridad de entre candidatos, ii) evaluar y controlar socialmente el ejercicio de la autoridad y de sus compromisos, iii) participar en el co-diseño de políticas públicas, iv) evaluar seriamente a los candidatos que desean tener la oportunidad de conducir al país, v) sancionar socialmente el incumplimiento de compromisos de parte de las autoridades y vi) cumplir con las obligaciones legales vigentes, como pagar impuestos correctamente.

El debilitamiento de la ciudadanía ha conllevado a que nuestro Estado se haya debilitado en favor de las autoridades de un gobierno (de paso) quienes logran tener mayor capacidad de influir en el diseño de normas y procedimientos que benefician a ciertos grupos, olvidando el interés colectivo.

La tan comentada “transparencia” de nuestro Estado es insuficiente para lograr ser un Gobierno Abierto. La “ciudadanización” implica una población consciente de su poder sobre sus autoridades y que no delega su responsabilidad en el logro de mejoras de bienestar sostenidas. Cuando el Estado y sus instituciones se debilitan y la población solo parcialmente asume sus deberes ciudadanos, nos quedamos con un país sin visión ni objetivos claros de largo plazo, en donde la justicia es injusta, las autoridades no sienten una verdadera obligación de servir al ciudadano y se rompe el denominado “contrato social” implícito.

El reto que el gobierno debe asumir al 2021 es reconstruir los eslabones de un cooperación (sobre la base de una renovada confianza) entre Estado, sociedad civil organizada, ciudadanos, academia y empresas privadas, que permita poco a poco cerrar las brechas existentes en educación, salud, competitividad y productividad que nos mantienen cada vez más rezagados del desarrollo.

Una verdadera Reforma del Estado tiene a los ciudadanos como principales aliados y su participación activa y formal en el proceso de salida de la trampa del ingreso medio es fundamental. De no ser así, nuestro futuro seguirá solo la suma de cortísimos plazos y cada nueva generación de peruanos correrá siempre el riesgo de someterse a candidatos no preparados y a sus soluciones populistas que pondrán eventualmente en cuestionamiento el valor de la gobernabilidad democrática. Hoy el gobierno debe reconocer que debe asumir valientemente el rol de conducir este proceso como nunca antes se ha hecho, con la activa participación de peruanos más “ciudadanizados”.