Presidentes corruptos ¿voluntad general del pueblo?

Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han sido los últimos presidentes del país. Hoy, son también la evidencia clara e innegable de que la institucionalidad en los órganos de gobierno no funciona, porque al parecer lograron hacerse de grandes sumas de dinero sin que muchos lo supieran o haciendo que ocurrieran las cosas según los interesados. Pareciera que ser presidente ofrece acceso al poder de decidir sobre estudios de impacto ambiental o consultorías económicas de empresas postoras o desestimar informes legales que recomiendan no hacer negocios con tales o cuales empresas. ¿En qué medida son los ciudadanos de a pie responsables de esta situación?

La responsabilidad de esta situación es doble. Es evidente que los representantes de la voluntad general del pueblo actúan, muchas veces, por beneficio propio. Las acciones de corrupción son responsabilidad de aquellos individuos que las llevan a cabo y la justicia debe pedir cuentas. Y, sin embargo, la facilidad con que aparentemente se cometen estos delitos de corrupción, en el sentido de que incluso el menos experto en materia de gobierno ni bien transcurren unos meses del mandato, ya ha logrado hacerse de dinero ilícito, es la que se debe temer, porque traspasa la responsabilidad desde la persona hacia el sistema mismo. En otras palabras, pareciera que la estructura de gobierno está diseñada para funcionar sobre la base del clientelismo y la corrupción.

Es probable que todo ordenamiento jurídico tenga resquicios por dónde la voluntad individual de los agentes pueden transgredirlo. Una voluntad corrupta que debe hacerse responsable de sus actos, un sistema que presenta fisuras y hasta la existencia de empresas, medios y personas de a pie que creen que “nada ocurre”, no son excusas para afirmar que es la ciudadanía quien ha decidido, de alguna forma, que los delitos de corrupción son “invisibles”. No es casual que, salvo uno que renunció, los expresidentes investigados y hasta los condenados, hayan terminado su periodo de mandato para ser enjuiciados. Además, tal como sucedió con el caso Odebrecht, las primeras denuncias formales vinieron desde el extranjero. Un caso: el primer expresidente latinoamericano en ser acusado por sobornos provenientes del exterior fue Alejandro Toledo. Su mandato culminó el 2006, pero la detención preventiva se solicitó en febrero de 2017, casi once años después.

La ciudadanía es responsable de la situación porque no exige un principio de publicidad en los gobiernos. Si bien las leyes no pueden cubrir toda posible acción, en el sentido de que siempre se puede (mal)interpretar la regla según beneficio personal, sí existen reglas claras que pueden impedir la corrupción. Un ejemplo claro se encuentra incluso antes de que los partidos sean gobierno ¿Cuánto se interesa la opinión pública por leer planes de gobierno? ¿Cuánto se interesa la opinión pública por cuestionar el origen del dinero de campaña? Si el voto estuviera más decididamente relacionado con estas prácticas de hacer público este tipo de información, las personas en el gobierno no sentirían que tienen una especie de anillo de Giges en los dedos y que pueden dar rienda suelta a lo que su voluntad menos racional desea.

Sí, la ciudadanía es responsable porque no se ocupa ni se pronuncia por los hechos cuando están ocurriendo. Incluso si la actual reforma política que se discute en el Congreso ha sido voluntad general del pueblo, no se ha hecho evidente que la población haya tomado postura por las formas en que el debate se está dando.