Crisis de la democracia y nuevas alternativas de participación

La democracia sigue siendo la forma de gobierno más eficaz y éticamente aceptable gestada por la humanidad, pero está en crisis a escala global. Aunque sus rasgos problemáticos tienen en el Perú un perfil y una intensidad singulares, también en muy diversas otras latitudes tienden a evidenciarse. Y es que la gobernanza democrática no ha logrado reinventarse para poder encarar los complejos retos contemporáneos que desde diversos ángulos erosionan su eficacia, y por tanto también su legitimidad. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y de nuevas modalidades de consulta ciudadana pueden contribuir a revertir esas deficiencias.

En Occidente, los primeros rastros de prácticas democráticas se remontan a la experiencia de la ciudad-Estado ateniense, alrededor del siglo V a.C. Conceptualmente, y progresivamente también como forma de gobierno, la democracia adquirió sustancial vigencia en Europa a partir del siglo XVII, y ha ido irradiándose por el resto del mundo. En sus primeros antecedentes, el pueblo ejercía de modo directo la soberanía política, y conforme las estructuras sociales y políticas fueron adquiriendo mayor complejidad se evolucionó hacia las formas representativas, en las que autoridades elegidas actúan como mandatarios del pueblo; aunque en casos como el del Perú esa representación es solamente formal, ineficaz y de limitada legitimidad. La centralización institucional del poder, principalmente a través del Estado, pero también mediante mecanismos privados como la prensa y los partidos políticos, ha constituido una respuesta parcialmente eficaz e históricamente acotada, frente a las necesidades y a la voluntad populares.

La gobernanza democrática contemporánea se ha tornado extremadamente compleja, fragmentada y polarizada. El andamiaje institucional de la democracia -partidos, gremios, prensa, gobiernos- demuestra crecientemente su obsolescencia y disfuncionalidad para asegurar la sostenibilidad de los sistemas políticos basados en la defensa de las libertades y dignidad personales, así como en la participación ciudadana. Los Estados sufren los embates de las mareas que le recortan capacidades funcionales desde adentro, a través de la devolución de competencias a instancias subnacionales, o a la entronización de tecnocracias; y desde afuera, a través del traslado de competencias a variadas instancias supranacionales. En similar sentido, los Estados se ven acechados por tendencias privatizadoras, en virtud de las cuales entidades privadas asumen crecientemente responsabilidades de gestión sobre asuntos de interés público, siendo algunas de ellas transnacionales e inmensamente poderosas.

Una objeción fundamental sobre ese traslado de competencias tradicionalmente estatales radica en la erosión de la capacidad popular de influir en el desenvolvimiento político, es decir del ejercicio del poder. Los ciudadanos no eligen a los burócratas internacionales, ni a los empresarios, ni a los tecnócratas, detentadores de poder real, y los mecanismos mediante los cuales éstos rinden cuenta a aquéllos son ineficaces o inexistentes. La condición de ciudadano mantiene los derechos políticos formales de voto, libertad de expresión, etcétera, pero se está vaciando de soberanía popular entendida como la capacidad para influir en la toma de decisiones políticas. Ante ello, crece la desconfianza en las instituciones y los líderes políticos, acompañada de un aumento de la diseminación de desinformación y de información errónea. Todo ello viene socavando la legitimidad de los sistemas democráticos, frente a lo cual emergen propuestas populistas que prometen devolver el control al “pueblo” quitándoselo a las élites políticas y las minorías a las que aquéllos supuestamente sirven. Los electores quedan atrapados en la redes de la dicotomía entre tecnocracia y populismo, aunque esta carezca de capacidad para atender sus verdaderos clamores y magnifique la exclusión de vastos segmentos ciudadanos.

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) surgieron bajo el prometedor manto de intensificar las dinámicas democráticas dando voz a los olvidados y de posibilitar mayores niveles de información y participación ciudadanas. A contramarcha de esta ilusión, las TICs vienen agudizando la polarización social, dan tribuna a los extremismos, y diseminan desinformación e información errónea. Todo ello viene causando un enorme daño a la convivencia y a la sostenibilidad de los regímenes democráticos.

No obstante, es posible recuperar la eficaz utilización de las TICs para promover iniciativas que fortalezcan la gobernanza democrática e intensifiquen la participación ciudadana. Las TICs pueden coadyuvar de diversos modos a: aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los quehacer públicos; educar a los ciudadanos sobre los principios democráticos, el compromiso cívico, y el pensamiento crítico para combatir la desinformación y mejorar el discurso político; prover mecanismos para alentar el diálogo constructivo y plural, así como para fomentar una cultura del compromiso que ayude a superar las divisiones sociales y promueva la creación de consenso en los procesos de toma de decisiones; y ser catalistas para facilitar una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre variados asuntos de interés público.

De otro lado, las consultas ciudadanas son un mecanismo indispensable para la vida democrática, precisamente por que la soberanía pertenece al pueblo. A la vez, muchos de los asuntos que ameritan ser consultados revisten particular complejidad técnica, lo cual dificulta el entendimiento y la expresión de opiniones informadas por parte del ciudadano promedio. Un ejemplo de ello dentro del contexto peruano son los procesos de consulta previa sobre proyectos extractivos o de otro tipo que puedan generar afectaciones en las condiciones medioambientales o sociales del entorno a ser intervenido.

Esta tensión entre el fondo (necesidad de consulta) y la forma (procedimiento), hace imperativo explorar formas no-convencionales de democracia que, aunque no están consagradas en nuestra tradición constitucional, revisten solvencia técnica y legitimidad política. Particularmente promisoria resulta la encuesta de deliberación democrática (deliberative polling), basada en una metodología secuencial: la comunidad cívica concernida (polis) es encuestada; luego grupos reducidos de los encuestados, escogidos al azar pero bajo parámetros de representatividad, son convocados a participar en discusiones rigurosas sobre las distintas opciones, al cabo de las cuales son vueltos a encuestar. Parte de las discusiones y los resultados de la encuesta final son difundidos entre toda la comunidad concernida, con la expectativa que le reconozcan legitimidad a esos insumos. Esta constituye una alternativa innovadora de consulta ciudadana que procura facilitar las expresiones y decisiones razonables y basadas en información objetiva. Aunque la irracionalidad es un dato consustancial de la condición de seres humanos, la acotación de este rasgo resulta fundamental para el arraigo de la democracia. Nuestras decisiones no debieran ser fuente de frustraciones históricas causadas por la ignorancia, la irracionalidad y la falta de entendimiento mutuo.

La encuesta de deliberación democrática (deliberative polling) es una metodología que viene siendo empleada en muy diversos países para facilitar las decisiones informadas de los ciudadanos frente a asuntos públicos de particular complejidad. En Estados Unidos se ha utilizado para decidir sobre la conveniencia de desarrollar proyectos energéticos; en China, para decidir prioridades del presupuesto local; en Brasil, para discutir sobre la reforma de la carrera pública; en Argentina, para intercambiar pareceres sobre la regulación del tráfico vehicular urbano; etc.

Particularmente notable es la iniciativa de la Unión Europea (UE) de ejecutar un proyecto piloto para poner a prueba el potencial de asambleas ciudadanas permanentes, institucionalizadas como complemento y contrapeso de los poderes establecidos en la sede comunitaria, en Bruselas. El objetivo es reducir el “déficit democrático” entre esas autoridades comunitarias, de perfil tecnocrático y no electo, y los ciudadanos comunes que carecen de voz directa frente a ellas para expresar sus pareceres sobre las reglas comunitarias que rigen sus vidas.

Procurando cerrar esa brecha, La Comisión Europea, que opera como rama ejecutiva de la UE, ha patrocinado consultas con los ciudadanos directamente a través de una serie de paneles deliberativos convocados primero en sus estados miembros como parte de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuya tarea es trazar el rumbo comunitario para las próximas décadas. Un legado clave de la Conferencia, que finalizó en 2022, es el compromiso de la Comisión Europea de “integrar la democracia deliberativa en la formulación de políticas de la UE”. Desde entonces, se han realizado diversos paneles, compuestos por ciudadanos seleccionados al azar en grupos de 150, para abordar temas como “la lucha contra el odio en la sociedad”, la eficiencia energética y el desperdicio de alimentos, cuyas deliberaciones informan a la Comisión Europea a la hora de formular políticas.

El siguiente paso de estas asambleas periódicas convocadas a instancias de la Comisión Europea sería el establecimiento de las mencionadas asambleas ciudadanas permanentes, como producto del proyecto Odisea Democrática.

Los tres objetivos principales de éste son: (1) diseñar un plan para una Asamblea Permanente de los Pueblos para Europa compuesta por ciudadanos seleccionados al azar de todo el continente de manera rotativa; (2) explorar una “teoría del cambio” a través de la participación ciudadana que implique no solo un proceso de consulta de arriba hacia abajo sobre las políticas de la Comisión Europea, sino también la capacidad de iniciar acciones desde abajo hacia arriba; y (3) realizar una asamblea piloto que sirva como “prueba de concepto” para tal visión.

La asamblea piloto, de gran valor simbólico, se llevará a cabo a fines de este mes en el Pnyx, una colina en el centro de Atenas cerca de la Acrópolis donde, alrededor del

siglo V a.C., se celebraron las primeras asambleas populares, de las que surgió por primera vez un proceso institucionalizado de autogobierno democrático.

Resulta fundamental adecuar las instituciones y prácticas democráticas a las desafiantes realidades y necesidades contemporáneas. Debemos persisitir en el empeño de lograr poner las TICs al servicio de los valores y las prácticas democráticas. A la vez, debemos multiplicar el uso de la metodología de la encuesta de deliberación democrática (deliberative polling), que viene probando su eficacia como mecanismo de consulta y participación orientado a recuperar la legitimidad y la eficacia en la gobernanza, y como expresión reivindicadora de la soberanía popular.