El derecho a la educación de los más excluidos

La historia del derecho a la educación durante la república es breve. Al comienzo se impartía en la mayoría de los casos por la iglesia católica y pequeñas élites extranjeras en escuelas y colegios privados. Cuando se expandió la educación básica en todo el territorio, alcanzó primero a las ciudades con servicios escolares a cargo del Estado y con obligatoriedad en el nivel primaria para que las niñas y niños puedan aprender a leer y escribir, operaciones matemáticas básicas y urbanidad, siempre en castellano y a cargo de maestros con escasa formación. Aun así, por primera vez las familias pobres y explotadas en las haciendas podían enviar a sus hijas e hijos a las ciudades para que reciban educación, un sueño hecho realidad. Poco a poco el Estado fue asumiendo el aseguramiento de la educación como un derecho y con ello, haciéndose responsable de la educación pública sin perder de vista la educación privada.

Hoy el sistema educativo se extiende a más de 85,881 instituciones educativas de gestión pública de las cuales casi 28,000 son de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), diseminadas en los ámbitos rurales del Perú, la mayoría de nivel inicial y primaria, pequeñas y multigrado, y con infraestructura e implementación precaria, limitados servicios básicos y acceso al internet. El Estado peruano impulsó la EIB con fuerza desde el 2011 alimentada de cientos de experiencias en los Andes y la Amazonía que mostraron el camino para asegurar que más de 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes de pueblos originarios reciban una educación pertinente y de calidad en su lengua y cultura. Con ello, la educación en el Perú comenzó un nuevo capítulo en su historia y ya no hay vuelta atrás.

Hoy se produce una diversidad de materiales educativos en las distintas lenguas y miles de docentes se capacitan para dominarlas; se han creado las especialidades de EIB a nivel universitario y no solo en Institutos Pedagógicos y ya están egresando las primeras promociones de docentes EIB procedentes de pueblos originarios becados por el PRONABEC. Pero nada de esto es suficiente, la deuda histórica para con los pueblos originarios es inmensa y hace falta mucho más considerando que durante la pandemia fueron los más afectados.

En nombre de la equidad y la justicia social, el sector educación no solo debe mantener lo que se ha logrado, sino doblegar esfuerzos en: la producción de materiales educativos; el acompañamiento pedagógico a los miles de docentes que se esfuerzan en brindar el servicio con pertinencia y calidad; la implementación de servicios básicos (agua y luz) y dispositivos electrónicos con internet que les permita conectarse al mundo; y lo más importante, la formación EIB del más alto nivel para jóvenes indígenas y el fortalecimiento de quiénes ya están en servicio. Indistintamente de cómo se den los retornos a las escuelas en el 2021, queda más que evidenciado que las escuelas EIB deben ser priorizadas y no deben escatimarse recursos para hacerlo posible. Estaremos vigilantes.