Treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño

Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no fue suficiente para abarcar y garantizar los derechos de poblaciones consideradas más vulneradas como son las infancias, mujeres, juventudes, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, entre otras. Se instalaron nuevos instrumentos, entre ellos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que ha cumplido 30 años el pasado 20 de noviembre.

Pero no fue suficiente, en el caso de la infancia, se siguieron creando nuevos protocolos para que los Estados garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, prostituidos, explotados o impedidos de denunciar sus derechos vulnerados. El Estado peruano ha suscrito la Convención y los protocolos facultativos, ha incorporado leyes concordantes en su sistema de justicia y ha implementado organismos que atiendan las diversas situaciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, se podría afirmar que el Perú ha dado muestras de sus compromisos como país miembro de Naciones Unidas, rindiendo cuentas periódicamente de los avances y cumplimiento de los planes nacionales de acción por la infancia y adolescencia, ante el Congreso de la República y el Comité Internacional de los Derechos del Niño.

Pero ¿En qué medida la Convención sobre los Derechos del Niño se ha cumplido adecuada y cabalmente en el territorio peruano? ¿Ha mejorado sustancialmente la situación de los niños, niñas y adolescentes gracias a la aplicación de la convención y sus respectivas normas que la implementan? Y en particular ¿En qué medida las políticas de salud, educación y protección han beneficiado la vida y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes peruanos?

Lo cierto es que sus derechos no pueden garantizarse independientemente de los de sus familias, comunidades y pueblos, y si bien requieren ser abordados especializadamente, el empleo digno, los servicios adecuados, las condiciones para la vida sin violencia, la democracia y las oportunidades para el desarrollo de todas y todos los miembros de las familias son los que hacen posible que una niña o niño sea feliz, es decir que goce sus derechos.

A treinta años de la Convención, el Estado peruano aún no asegura los derechos de los 10 millones de niños, niñas y adolescentes peruanos, y quiénes sí se han esforzado duramente para lograrlo son las mismas familias y comunidades. Las poblaciones infantiles en calle, abandono, extrema pobreza, conflicto con la ley, explotación y violencia, seguirán al margen, esperando algún día ser prioridad dentro de las políticas públicas, y no solo estar presentes en los demagógicos y populistas discursos de campañas electorales.

¿Será posible dentro de un modelo económico neoliberal, que ordena las agendas políticas en función de los intereses de los grupos de poder nacionales e internacionales, que se asegure los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Lo cierto es que el Perú no será libre, justo ni digno mientras sus infancias y adolescencias sigan siendo la última prioridad del Estado, mientras no se invierta en su presente y en su futuro.