“No los hemos dejado solos, no los vamos a dejar solos”, dijo el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Habían pasado tres semanas desde el terremoto que dejó 596 muertos, 434 614 damnificados y más de 1 292 heridos en seis regiones del país. En ese escenario, el gobierno aprista inició el proceso de reconstrucción.
"Pisco será una ciudad modelo, con nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, con fibra óptica, con conexiones de gas natural que incluirá a los domicilios, con una nueva autopista que llegará a Ica, un aeropuerto moderno y un puerto con la mejor tecnología", prometió Del Castillo.
A diez años del desastre, la reconstrucción no ha culminado.
Falta restaurar la Plaza de Armas de Pisco: algunas partes están hundidas y sus estatuas de mármol, dañadas. “Esta plaza es reconocida como patrimonio cultural y por eso hemos tenido que esperar el informe técnico del Ministerio de Cultura para iniciar las obras”, indicó a RPPData el alcalde de Pisco, Tomás Andia Crisóstomo. "El presupuesto ya está aprobado para ejecutarse en 2018". Según el SNIP 362049, el monto de la obra se eleva a 2 053 901 soles.
Otro edificio en Pisco que requiere reparaciones es la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. “Hoy los alumnos estudian en el local antiguo, el que está colapsado”, dijo Andia.
El Instituto Superior de Educación Pública Carlos Medrano Vásquez debe demolerse para iniciar la construcción de la nueva institución. Mientras tanto, los estudiantes reciben clases en módulos prefabricados desde marzo de 2008. La municipalidad de Pisco dice que no ha conseguido el presupuesto para levantar el nueva edificio.
Pese a que en Pisco fue el epicentro del desastre, Chincha tuvo el mayor impacto en lo que a infraestructura se refiere: 17 000 de 44 000 viviendas quedaron inhabilitadas. En total, en Lima, Ica y Huancavelica fueron 192 703 las viviendas afectadas. La tercera parte quedó destruida, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Corrupción e ineficiencia
Trece días después del terremoto se creó el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007, más conocido como Forsur, bajo la dirección del empresario Julio Favre. La reconstrucción implicó una inversión de 1 167 millones de soles para 910 proyectos en Ica, Huancavelica y Lima, de acuerdo a datos del Ministerio de Vivienda.
El proceso estuvo acompañado de corrupción e ineficiencia, tal como comentó el exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega, a RPPData. Dos comisiones investigadoras del Congreso —una el 2009, otra el 2013— encontraron irregularidades en la entrega del Bono 6000, destinado a los damnificados. Las investigaciones hallaron que los comités distritales incluyeron en la lista de beneficiarios a personas que no vivían en la zona afectada, a sus familiares, e incluso a fallecidos.
La Comisión liderada por el excongresista Rogelio Canches recomendó denunciar a más de 400 personas por presunta corrupción en la entrega de ayuda humanitaria. El entonces parlamentario señaló que se detectaron actos de corrupción en 33 obras por 42 millones de soles.
Directores cuestionados
Una revisión a Forsur muestra que sus exdirectores enfrentan cuestionamientos por corrupción en la actualidad. Tras la salida de Favre, le sucedió el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, hoy denunciado en el caso Lava Jato por presuntamente haber participado en el esquema de sobornos de Odebrecht para que la empresa brasileña obtenga la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.
Otro director del fondo fue el exministro de Vivienda Francis Allison, quien el 2009 fue detenido en Estados Unidos por transportar dinero sin declararlo a las autoridades. Allison llevaba 20 000 dólares y su esposa, 10 000. Tras su detención domiciliaria pudo volver a Lima. Hoy es alcalde de Magdalena.
El propio Pedro Pablo Kuczynski fue miembro del directorio de Forsur, pero renunció en octubre de 2007 tras discrepancias con Julio Favre. “Es una magnífica persona, muy emprendedor y honesto, pero no escucha a los integrantes del directorio”, dijo el actual presidente tras renunciar. PPK está hoy involucrado en la investigación por irregularidades en la adjudicación de la carretera IIRSA Sur.
Amplían la lista Nidia Vílchez y Juan Sarmiento, ambos exministros de Vivienda durante el gobierno aprista.
Sin planificación, ni prevención
Si bien hubo iniciativas para reconstruir la región de Ica después del desastre, la falta de estrategias no permitieron que el proceso sea concluido rápidamente. La ausencia de prevención también jugó en contra.
“Los gobiernos tienen mecanismos para luchar contra la corrupción”, señaló a RPPData Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR). “El rol de las Contralorías durante este proceso es central. En el caso del terremoto, recuerdo que hubo un trabajo importante con el contralor general Genaro Matute, que hizo un control muy cercano de las entregas de ayudas humanitarias”.
Salazar comentó que la planificación de los procesos de reconstrucción deben tener un blindaje contra todo lo que pueda afectar su ejecución. En el caso de Pisco, la falta un plan de prevención de riesgo de desastres fue uno de los primeros fallos antes de iniciar la reconstrucción.
La inestabilidad en la Contraloría General de la República luego de la salida de Édgar Alarcón, y la evidente falta de prevención frente a las lluvias de este año plantean un serio reto al gobierno de Kuczynski frente a la Reconstrucción con Cambios. Y el plazo para resolverlo es corto: las lluvias de verano empezarán en cinco meses.
El terremoto de Chile de 2010 ocasionó la muerte de 512 personas y dejó 800 000 damnificados y 370 000 viviendas afectadas. Las pérdidas, de acuerdo al gobierno chileno, fueron de 30 mil millones de dólares.
Además de implementar una serie de leyes y aumentar impuestos al tabaco, minería y bienes raíces, Chile propuso el Plan de Reconstrucción, Terremoto y Maremoto del 27 de febrero de 2010 que se dividió en tres fases: la emergencia inmediata, la emergencia de invierno y la reconstrucción. La primera fase fue de acompañamiento a las familias de las víctimas; la segunda impulsó el retorno a los centros educativos y a otros servicios básicos como salud y empleo; y la tercera se centró en el apoyo a los damnificados. A mayo del 2013, dos años después del desastre, se logró el 90% de la reconstrucción.
Un año después, otro terremoto capturó la atención del mundo. El 11 de marzo del 2011 Japón soportó una magnitud momento de 8.9 a 72 km del Este de Tohoku y provocó un tsunami. La Agencia Nacional de Policía de este país reportó más de 15 000 muertos, 3 000 desaparecidos y 5 000 heridos. Las pérdidas económicas ascendieron a 220 mil millones de dólares.
A raíz del terremoto, el gobierno japonés aprobó un presupuesto de emergencia de 4 billones de yenes (48 900 millones de dólares) para la prevención de desastres. En 2012, una auditoría reveló que el gobierno de Japón había utilizado 25% del presupuesto destinado a la reconstrucción con fines no relacionados.