La extorsión en diferentes sectores del país ya ha cobrado vidas, por lo que no solo los transportistas alzaron su voz con el paro, sino también los gremios.
Ante los casos de extorsión y sicariato que impactan a diferentes sectores del país, diferentes gremios se pronunciaron y exigieron al Congreso que apruebe medidas para erradicar la criminalidad.
Ello como forma de solidarizarse con el paro de transportistas de Lima y Callao. Como se recuerda, este evento también impactó a los sectores económicos, pero se paralizó momentáneamente con la declaratoria de estado de emergencia en 12 distritos.
ADEX, CCL, SNI y otros gremios, se unen al pedido
A través de un comunicado, más gremios se unieron y pidieron al Congreso y al Poder Ejecutivo que se tomen decisiones firmes ante el problema de inseguridad que presenta el país.
"El Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú. Las autoridades no han mostrado una estrategia efectiva para combatir esta amenaza, que afecta nuestra calidad de vida y la posibilidad de trabajar con tranquilidad", se puede leer al inicio.
Adicional a ello, expresaron que "ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado".
También se refirieron a las economías ilegales, como la minería ilegal, "que ha infiltrado el poder político con dinero manchado de sangre".
Frente a ello, exigieron al congreso aprobar el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado.
En paralelo, piden que se fortalezcan las instituciones encargadas de la represión al crimen y la administración de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial,
La Cámara de Comercio de Lima exige una estrategia integral
El gremio considera que la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, no es suficiente y que la medida debe estar acompañada de acciones concretas y articuladas con las actuales autoridades regionales y locales para desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país.
- Declarar en estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), para dotarla de la infraestructura, equipamiento y todos los recursos logísticos y operativos necesarios para la lucha contra la criminalidad.
- Reducir la brecha de déficit de personal policial. Actualmente, se requiere alrededor de 50 mil efectivos policiales.
- Incorporar agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia que se encuentran en situación de retiro.
- Tomar control de las 120 zonas vulnerables del país, que se encuentran debidamente identificadas, a través de acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la articulación de sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la criminalidad.

Sutep rechaza tardía reacción del Minedu
A las 6:50 a. m., el Ministerio de Educación publicó un comunicado suspendiendo las clases y proponiendo el acceso a clases virtuales, una medida que fue cuestionada por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).
"Sutep expresa su solidaridad con los compañeros de las empresas de transportes de Lima Metropolitana que hoy paralizan sus labores en protesta por las condiciones de inseguridad que ha provocado la muerte de diversos conductores, víctimas de la violencia que el gobierno no enfrenta con firmeza y decisión", se puede leer al iniciar.
Posterior a ello, remarcan que "la inseguridad afecta desde hace mucho a la comunidad educativa en diversos puntos del país y lo hemos denunciado, de ahí que nuestro gremio tenga como una de sus demandas que las autoridades ejerzan un mayor control con acciones y políticas planificadas y eficaces no solo en temas de seguridad, sino también en los referidos a combatir la corrupción, la falta de trabajo y la reactivación económica".
Frente a ello, criticaron la "inacción y reacciones tardías", porque "nos han llevado a situaciones como las que hoy vivimos. El paro de los transportistas era una medida anunciada y el Ministerio de Educación debió disponer el cambio de clases presenciales por remotas con la debida anticipación para no poner en riesgo la integridad de los alumnos, maestros y auxiliares en su afán de llegar a tiempo a su Institución Educativa".
Asociación de Bodegueros del Perú piden leyes conta la criminalidad
De igual manera, los bodegueros expresaron su protesta y solidaridad con los transportistas frente a "la inacción de las autoridades que no se ponen de acuerdo para establecer medidas que brinden mayor seguridad".
"Llevamos años expresando en todos los medios, la dura situación que atraviesan nuestras bodegas, que son víctimas de la delincuencia y que ahora se ha expandido a otras actividades económicas", agregaron.
Finalmente, la Asociación de Bodegueros del Perú esperan que, con estas protestas, tome consciencia el Gobierno Central y las entidades encargadas de impartir justicia, como la Fiscalía de la Nación y El Poder Judicial, "que sueltan a los delincuentes".
Asimismo, que el Congreso de la República emita leyes acordes con la criminalidad actual, a la Defensoría del Pueblo que defienda los derechos de las personas de bien y a la Junta Nacional de Justicia que no sanciona a los malos Jueces y Fiscales.
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