En Perú hay 35 empresas estatales que en conjunto generan el 2.3 % del PBI Nacional, y contribuyen a cerrar brechas en servicios básicos.
La privatización es la transferencia de una empresa pública al sector privado para mejorar la eficiencia y evitar su quiebre. La fórmula tuvo éxito en algunos casos como Enel Chile, pero no es una regla general pues en 1999, Aeroperú quebró, a pesar de haber sido privatizada durante la gestión de Alberto Fujimori.
Esta modalidad fue sugerida para salvar a empresas estatales como Petroperú, incluso la bancada Avanza País, el año pasado, presentó un proyecto de ley para privatizar a la petrolera que tuvo pérdidas de US$183′306,000 el primer trimestre de este año, según la Superintendencia del Mercado de Valores.
Sin embargo, el directorio descartó esta vía y sugiere el ingreso de una gestión privada. Erick García, ex director de Hidrocarburos del MINEM aclara que la propuesta no es lo mismo que una privatización.
“Lo que se vuelve es una empresa mixta, en donde permites participación privada, pero todavía sigue siendo empresa pública y eso por qué es bueno, porque el privado como tiene poca participación va a buscar eficiencia, va a querer ganar más y va a hacer que la empresa pública sea más rentable”, aclaró.
En Perú hay 35 empresas estatales de servicios, electricidad, hidrocarburos, entre otras, bajo el ámbito del fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado (Fonafe), encargado de normarlas y dirigirlas. Petroperú está fuera de este grupo.
Otras empresas que han sido relacionadas con la privatización fueron las de saneamiento como Sedapal, incluso la ministra de Vivienda Hannia Pérez de Cuellar fue acusada de tratar de aplicar esta fórmula; aunque lo descartó, sí se inclinó por la concesión; es decir, ceder el derecho de explotación a un privado por un determinado tiempo.
Edmundo Lizarzaburu, docente de ESAN explicó que más que privatización, se necesita mejorar la eficiencia de una empresa y para ello se debe “revisar la línea de tiempo en relación a los gastos y las contingencias que se pueda presentar”; además de una acción fiscalizadora óptima de parte de Contraloría.
Es necesario mejorar la producción de las empresas estatales, sobre todo porque en conjunto contribuyen el 2.3 % del PBI nacional, generan trabajo y contribuyen al cierre de brechas, pues mediante ellas, se instalaron 4 de cada 10 conexiones de agua potable y atienden a 6 de cada 10 usuarios de electricidad.
Comparte esta noticia