Sunedu inició procedimiento administrativo sancionador contra universidad Alas Peruanas

Luego de una inspección, la Sunedu detectó que esta universidad utilizó sus inmuebles y vehículos en "actividades que no contribuían a un fin universitario". Agregaron que, según la Ley Universitaria a Sunedu le corresponde fiscalizar el uso debido de sus recursos.

UAP
La Universidad Alas Peruanas habría hecho uso indebido de sus actividades, según Sunedu. | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció este martes que inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Alas Peruanas S.A. (UAP) por el presunto uso de sus actividades que no cumplirían una finalidad universitaria.

Según explicaron, tras una inspección se detectó que la UAP utilizó sus inmuebles y vehículos en actividades que no contribuían a un fin universitario, asumieron gastos para actividades económicas distintas a su actividad principal.

También efectuaron préstamos a empresas vinculadas y a terceros que no le reportaban beneficios, además de asumir gastos médicos y odontológicos de algunas autoridades del gobierno y desembolsado dinero sin especificar sustento, entre otros, lo cual contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la Ley Universitaria.

“Los presuntos incumplimientos detectados constituyen infracciones muy graves que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo 018-2015-MINEDU (antiguo RIS), así como por el numeral 5.1 del Anexo del RIS vigente aprobado por Decreto Supremo 005-2019-MINEDU”, precisaron.

Agregaron que de acuerdo con la Ley Universitaria, a la Sunedu le corresponde fiscalizar el cumplimiento de esa norma, como el uso de sus activos para los fines establecidos legalmente. Respecto de la potestad autodeterminativa con la que cuentan para controlar el manejo de sus recursos, aseguraron que esta autonomía está limitada por los parámetros de la norma.

También informaron que podrían afrontar “multas de hasta 300 UIT o el 8% de los ingresos brutos de la UAP, en caso se determine su responsabilidad”.