Contraloría profundizará auditoría en Caja Metropolitana

La Contraloría adelantó que iniciará un procedimiento administrativo al jefe del OCI de la Caja Metropolitana, Julio Sifuentes, por haber procedido sin autorización al declarar en la comisión de Fiscalización del Congreso.
Andina

La Contraloría General de la República afirmó que viene actuando dentro de los plazos razonables en las investigaciones que realiza al interior de la Caja Metropolitana de Lima por presuntas irregularidades de sus funcionarios.

Esto, en respuesta a las declaraciones del jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha entidad financiera, Julio Sifuentes, quien a su salida de la comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que existe un entrampamiento en la Contraloría respecto a los informes que presentó sobre el caso. 

A través de un comunicado de prensa, la Contraloría señala que "viene actuando en el marco de sus competencias y dentro del plazo razonable de los procedimientos de control" y que en ese sentido, "ha dispuesto profundizar el examen especial a la Caja Metropolitana".

Asimismo, indican que durante esta semana, ha adelantado coordinaciones con el Fiscal de la Nación, "a fin de que la carpeta fiscal del caso sea elevada a la Fiscalía Supraprovincial, toda vez que se trataría de hechos graves, complejos y de alta repercusión nacional, como se anunció en un comunicado oficial anterior".

ABRIRÁ PROCESO ADMINISTRATIVO A JEFE DE OCI

Respecto a lo dicho por Sifuentes este viernes ante Fiscalización, el comunicado señala que procedió "sin  autorización y fuera de toda actuación regular", afectando de ese modo "el principio de reserva del control, así como los procedimientos institucionales, poniendo en riesgo los resultados de la acción de control que se encuentra en proceso".

Señala, además que "ha vertido juicios de valor tendientes a descalificar la actuación imparcial de la Contraloría, que comportan un ataque injustificado contra la institucionalidad y una falta grave laboral".

Ante este hecho, la Contraloría informa que, en resguardo de su función constitucional de velar por "la legalidad de los actos de los funcionarios públicos" se ve "forzada a iniciar los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario en cuestión, tanto en lo administrativo cuanto en lo laboral".

Finalmente, insiste en la necesidad de defender la institucionalidad del país, a fin de que toda acción discurra por los cauces legalmente previstos, evitando distorsiones que afecten el correcto funcionamiento de los órganos estatales.