La Defensoría del Pueblo indicó que Jorge Luis Sevilla Paredes, quien atropelló a 11 personas en Independencia, fue intervenido minutos antes del accidente y, pese a que estaba en aparente estado de ebriedad y tenía una licencia vencida, no fue detenido.
La Defensoría del Pueblo detectó una serie de irregularidades en la atención a las víctimas que fueron atropelladas el pasado 9 de noviembre en un paradero en el distrito limeño de Independencia, ocasionando la muerte de dos personas.
El conductor Jorge Luis Sevilla Paredes fue intervenido minutos previos al accidente, por un patrullero en la altura de la Avenidas Túpac Amaru y Los Alisos, según consta en su propia declaración ante la comisaría. Pese a que su licencia de conducir estaba vencida y él se encontraba en un aparente estado de ebriedad, no fue detenido por el personal policial.
Tras el siniestro, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, donde no recibieron atención inmediata. Los familiares de los heridos informaron a la Defensoría del Pueblo que se condicionó su atención a la entrega de una copia de la denuncia policial.
“Incluso se les solicitó que paguen la consulta de emergencia y del servicio de tomografía. Este es un condicionamiento para acceder al derecho a la atención oportuna en salud con el que se incumple la Ley General de Salud. Además, al momento de la emergencia, el hospital no contaba con los medicamentos necesarios, por lo que los familiares tuvieron que comprarlos afuera”, comentó la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.
Para cumplir con la exigencia del personal del hospital de presentar una copia de la denuncia policial, los familiares acudieron a la Comisaría de Independencia, donde, pese a la urgencia, se les negó la recepción de esta y se les derivó a la Unidad de Accidentes de Tránsito – UIAT Norte, ubicada en Ancón.
Ante estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo está solicitando al Hospital Cayetano Heredia iniciar una investigación por el presunto incumplimiento de la Ley General de Salud, que obliga a los establecimientos médicos a atender de forma inmediata y oportuna las emergencias, y sancionar a quienes halle responsables por la demora en la ayuda oportuna a los heridos.
A la par, se ha solicitado a Inspectoría General de la Policía Nacional iniciar una investigación para identificar al personal del patrullero que intervino antes del accidente al conductor y poner en marcha las medidas correspondientes.
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