Jefe del INPE pide sanción fuerte para trabajadores implicados en fuga

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, pidió una sanción más fuerte para aquellos trabajadores involucrados en la fuga de presos del penal Challapalca tras un pago de soborno de por medio.

"Este personal del INPE traiciona a la institución y al país (...) Más que una sanción ejemplar, se requiere una sanción más fuerte que el estado de derecho imponga a aquellos que tengan que cuidar penales, se dediquen a eso y no la corrupción", señaló.

Así también restó importancia al pedido de renuncia por parte de algunos congresistas. "Tienen todo el derecho de opinar. Mi cargo está a disposición desde que asumí y depende del presidente de la República", dijo el funcionario.

Informó, además, que se ha relevado a todo el personal que laboraba en Challapalca y respecto a los dos trabajadores detenidos, espera que la Fiscalía levante el secreto bancario  de todos los empleados penitenciarios para deslindar responsabilidades.

"Por dos o tres tipos que están traicionando al país no podemos generalizar. Lamentablemente, no son los únicos casos de corrupción que se dan en el INPE. El sindicato se enoja cuando digo eso", comentó, para luego subrayar que en cinco meses que lleva en la institución se ha sancionado a más trabajadores que en los últimos cinco años.

Precisó que uno de los guardias implicados cerró la puerta de uno de los pabellones sin la autorización de sus superiores, vulnerando así los protocolos de seguridad. Asimismo, el personal de retén no acudió a apoyarlo, con lo cual -a la luz de los hechos- se explica la irresponsable actuación del trabajador.

Aclaró que en el penal de Challapalca son 39 los empleados de seguridad, distribuidos en tres turnos, es decir 13 en cada uno. También negó que este establecimiento esté sobrepoblado, ya que actualmente alberga a 129 y su capacidad es de 240.

Asimismo, manifestó que todo estaba preparado para que la fuga se realice el domingo último, pues esta semana se iba a cambiar la guardia.

Valoró los esfuerzos del Ejecutivo para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, aunque advirtió que los problemas del INPE "no se solucionan de la noche a la mañana", por cuanto el funcionamiento de nuevos penales tardará dos a tres años y la licitación para la compra de vehículos y armamento demorará seis meses.