por Redacción RPP
·A pesar del tiempo transcurrido, persisten observaciones técnicas, cuestionamientos a los estudios ambientales y acciones pendientes del Estado para garantizar sanciones y una reparación efectiva.
Por: Alejandra López
El pasado 15 de enero de 2022, el mar del Callao fue escenario del mayor derrame de petróleo en el Perú. Cerca de 12 mil barriles de petróleo se vertieron durante las operaciones en la refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol.
El hidrocarburo se extendió por 48 playas del Callao y de Lima, lo que afectó un área de más de 8,9 millones de metros cuadrados desde Ventanilla hasta Huaral. En su recorrido, el combustible alcanzó dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. En esta última, pescadores artesanales, operadores turísticos y comerciantes dependen del mar como único sustento económico.
A cuatro años del desastre, los efectos aún persisten, aunque ya no sean visibles en la superficie del mar. De acuerdo con la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), al menos 20 playas de la costa norte de Lima y Callao continúan en condición de "afectadas": tres en Ventanilla, diez en Ancón y siete en Huaral. Esta clasificación fue determinada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a raíz del derrame de petróleo del 15 de enero de 2022.
Según advierte la ambientalista Micaela Guillén, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, el petróleo se ha sedimentado en el fondo marino y entre las rocas del litoral, lo que hace que la recuperación del ecosistema sea lenta, compleja y, en algunos casos, pueda tardar varias décadas —e incluso hasta cien años— sin llegar a ser como antes.
"No va a ser posible poder remediar lo que se ha hecho. En el reporte de la Defensoría del año pasado se hablaba de 12 a 15 años, pero la magnitud de este desastre ecológico puede tardar hasta 100 años en recuperarse. Estamos hablando también de pérdidas de aves, de fauna, de los invertebrados", expresó la especialista.
El daño no fue solo ambiental; también fue social. Cientos de pescadores artesanales perdieron su principal fuente de ingresos. En Ancón, más de 500 integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa) se dedicaban a la pesca responsable hasta antes del desastre. Tras la contaminación, muchos paralizaron sus labores y otros se vieron obligados a cambiar de oficio para sobrevivir.
Según un informe de CooperAcción y Oxfam, organismos no gubernamentales dedicados a temas ambientales, cada familia pescadora afectada perdió, en promedio, cerca de 150 mil soles al año (equivalentes a unos 40 mil dólares).
La respuesta de Repsol
Por su parte, Repsol aseguró a RPP que ha cumplido con el proceso de reparación y que ha destinado más de 1 300 millones de soles a tareas de limpieza, rehabilitación ambiental e indemnizaciones. Según la empresa, más de 10 mil 500 personas incluidas en el Padrón Único de Afectados —elaborado por el Estado peruano— ya recibieron sus pagos. Sin embargo, los pescadores aseguran que la reparación ha sido insuficiente.
Además, la empresa afirmó que las playas y el mar se encuentran en condiciones aptas, según informes técnicos que —asegura— confirman la recuperación del área.
No obstante, en el plano judicial, el caso sigue abierto. La Fiscalía se opone al acuerdo que permitió a Repsol pagar una indemnización considerada insuficiente por los pescadores y que —según el organismo— nunca debió aplicarse. En septiembre de 2025, el Ministerio Público dispuso la suspensión del fiscal Ariel Tapia Gomez, quien estuvo a cargo del caso en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, tras advertirse una falta de sustento legal en la negociación que permitió reducir la responsabilidad penal de Repsol.
Pasaron 4 años y playas de Lima y Callao siguen afectadas por derrame de petróleo de Repsol
Este 15 de enero se cumplen cuatro años del derrame de petróleo de Repsol frente a la costa del Callao. A pesar del tiempo transcurrido, persisten observaciones técnicas, cuestionamientos a los estudios ambientales y acciones pendientes del Estado para garantizar sanciones y una reparación efectiva. Los detalles, en el siguiente informe.
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