A partir del lunes 22 de julio se restringirá el tránsito de vehículos particulares en ciertas vías de acuerdo al número de placa. | Fuente: Andina

La ordenanza municipal que busca restringir la circulación de autos en determinadas horas en función al número de placa, conocido como 'pico y placa', es una norma que ha causado polémica.

Hay quienes consideran que esta medida aportará fluidez a los vehículos de transporte público y hay quienes la critican alegando que es un paliativo que no soluciona el problema total. Incluso los especialistas difieren entre sí al momento de comentar esta disposición.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, considera que la condición para implementar esta medida debería ser contar con un sistema integrado de transporte.

"En ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Quito previamente se implementó un sistema integrado, cosa que no tenemos en Lima”, señaló. Y criticó que la recientemente creada Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) todavía no haya hecho planteamientos para concretarlo.

"La razón del ‘pico y placa’ es desincentivar el uso de vehículos privados y motivar a los propietarios de estos a que usen buses o trenes. Pero para esto primero hay que ofrecer un servicio de transporte público que funcione", sentenció.

En ese sentido, calificó la medida de "apresurada". Además, señala que existe otro problema: "probablemente el caos no disminuya mucho porque la fiscalización difícilmente sea eficiente".

Por su parte, Mariana Alegre, directora de la ONG Lima Cómo Vamos, se mostró en contra de esta medida pues, en su opinión, no resuelve los problemas de fondo.

Según Alegre Escorza, hay estudios que descartan que esta medida haya funcionado en otras ciudades donde ha sido aplicada.

También cuestionó que el periodo de prueba de ‘pico y placa’ sea del 22 de julio al 4 de agosto, pues, señaló, cualquier medida restrictiva debería realizarse en condiciones normales. Hacerlo en días en que se realizarán los Juegos Panamericanos y en que habrá feriados por Fiestas Patrias "va a distorsionar el resultado".

"Cuando uno busca medir un impacto, tiene que hacerlo en el estadío más típico, por ejemplo, en un día normal de semana", puntualizó.

También mencionó que la medida, en tanto es para vías metropolitanas, va a "redistribuir los vehículos, o sea que estos ya no van a pasar por la vía principal, pero va a pasar por vías paralelas, entonces van a derivar ese flujo a otros lados sin necesariamente haber atendido el problema".

En su opinión, la solución pasa por una mejora del sistema de transporte público, una adecuada gestión vial y un mejor del diseño de infraestructura vial.

Capacidad de fiscalización

En tanto, el experto en temas de transporte y gestor público Lino de la Barrera, prefiere mantenerse a la expectativa con este tema. Él considera que gran parte del éxito de esta medida dependerá de la "capacidad de fiscalización para que se cumpla lo que se está proponiendo". En este punto coinciden todos los expertos consultados.

La Municipalidad de Lima "se está jugando la cabeza en este asunto, vamos a ver si tiene la capacidad de implementarlo", afirma De la Barrera.

Si bien reconoce la dificultad de aplicar la medida “en un país como el nuestro, donde hay debilidad institucional y no se fiscaliza adecuadamente", ve esto como un intento de priorizar el transporte público sobre el privado.

En ese sentido, De la Barrera recordó que los vehículos pequeños, automóviles y camionetas, representan el 80% del parque automotor en Lima. En tanto, los vehículos de transporte público, siendo el 20%, movilizan al 80% de las personas que se desplazan en la capital.

"Hay que darle prioridad al transporte público. Todo aquel que se compra un vehículo tiene que entender que a veces hay medidas de restricción que tiene que asumir", sostuvo.

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