Piden al Perú aceptar competencias de Comité contra Desaparición Forzada

Una  serie de cuatro conversatorios que tuvieron  el tema “La importancia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada” ha concluido en nuestro país.

El evento fue organizado por Amnistía Internacional en el marco de su campaña “Abre los Ojos por los Desaparecidos”, la cual busca que el Estado peruano acepte las competencias de este Comité.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, manifestó que la Defensoría se mantendrá vigilante para que el Estado reconozca las competencias del Comité.

Asimismo, resaltó la importancia de la adecuación del tipo penal de desaparición a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerarlas medidas a las que un Estado debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

Entre los participantes estuvieron Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Alberto Adrianzén, parlamentario andino; y Gabriel Chávez Tafur, investigador del Instituto de Defensa Legal.

Los expositores coincidieron en señalar la necesidad de que el Perú acepte las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada, como una política de protección.

En una nota de prensa, Amnistía Internacional indicó que estos expositores señalaron que el Estado peruano está en deuda con los miles de familiares de las personas desaparecidas.

Durante los cuatro días de exposiciones se trató sobre los diferentes ejes que se interrelacionan en la búsqueda de las personas desaparecidas:

la investigación forense, la judicialización de los casos y el acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.

Se remarcó que en la búsqueda de los desaparecidos, la investigación penal demora y no permite la entrega de los restos mortales a sus familiares, por lo que no pueden cerrar su duelo y siguen esperando (en algunos casos han pasado tres décadas desde ocurrido el hecho).

Asimismo, se puso de manifiesto que la judicialización de los casos es lenta y no hay sentencias, en tanto existe una fuerte carga procesal (de diverso tipo) en las fiscalías a cargo de estos casos, lo que impide un avance sustancial.

Finalmente, se expuso la ausencia de acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, salvo excepciones, durante todo el proceso de búsqueda, a pesar de los esfuerzos realizados a la fecha tanto por las organizaciones de la sociedad civil cuanto por el Estado.