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Los posibles responsables del atentado que dejó 15 heridos en la discoteca Xander de San Juan de Lurigancho serán investigados por el presunto delito contra la seguridad pública.
El Ministerio del Interior anunció este martes que se ofrece hasta S/ 150 000 a quien brinde información oportuna e idónea que permita avanzar las investigaciones para identificar y capturar a los sujetos que detonaron una granada en una discoteca de San Juan de Lurigancho el pasado 15 de setiembre.
El Programa de Recompensas decidió dar a conocer este beneficio económico tras la recomendación de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, que ha tipificado que los hechos investigados están relacionados al delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común ocasionado por proyectil explosivo (granada de mano).
Lo sucedido en la discoteca dejó 15 personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Dicho atentado ocurrió en horas de la noche en el local, ubicado en la primera cuadra de la avenida Los Jardines Este, en San Juan de Lurigancho.
Tres días después de este ataque, ocurrió una detonación con un aparente explosivo en el segundo piso del local de eventos D´cora, ubicado en el cruce de las avenidas El Muro con el jirón Marcelo en San Juan de Lurigancho.
En el local se llevaba a cabo un concierto a cargo de la orquesta Los chicos de la cumbia, que empezó aproximadamente a las 10.00 p. m. De acuerdo con los vecinos del lugar, la detonación se escuchó aproximadamente a las 2.00 a. m.
Producto de la explosión se han roto vidrios en casas aledañas e incluso la mampara principal del local ha quedado destruida. Además, se registró cinco personas heridas que fueron conducidas a un hospital cercano.
Estado de emergencia
El Gobierno oficializó la semana pasada la declaratoria de estado de emergencia, por el periodo de 60 días (hasta el 18 de noviembre), en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) para la prevención y el combate directo al crimen organizado y la delincuencia común
El Decreto Supremo precisa, además, que la Policía Nacional se encargará de mantener el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida establece que el Ministerio del Interior coordine con los gobiernos regionales y locales para la realización de acciones de "fiscalización administrativa" en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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