Tejada: Invalidar pruebas en caso "Petroaudios" favorece "impunidad"

La decisión adoptada por el Poder Judicial de declarar como pruebas ilícitas los correos que involucran a Rómulo León y a exfuncionarios de Petroperú y Perupetro en el caso "Petroaudios" favorece a la impunidad y es un pésimo precedente en la lucha contra la corrupción, aseveró el congresista Sergio Tejada.

"En un momento muy importante del proceso donde el propio García Pérez había declarado cayendo en una serie de contradicciones, se declara como prueba ilícita  los audios y los correos. Hay que ver, no solo este momento, porque hay toda una secuencia de hechos que apunta a la impunidad completa", afirmó en una comunicación con la Agencia Andina.

Indicó que desde un inicio del proceso, en el gobierno del expresidente Alan García Pérez (2006-2011) el manejo del caso fue erróneo, pues las indagaciones se llevaron por "el lado de la interceptación telefónica".

"Luego se dilató lo más posible este proceso al punto que varios de los delitos empezaron a prescribir y ahora finalmente cuando estamos en un momento muy importante del proceso pasa esto", comentó.

La Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, presidida por el juez superior Ricardo Brousset, ratificó ayer su decisión de excluir del juicio por el caso Petroaudios las grabaciones y los más de 20 000 correos electrónicos, luego de alegar que el material fue obtenido producto de un crimen.

En este contexto, Tejada afirmó que excluir el material constituye un "pésimo precedente" para el país a nivel internacional cuando se debería aprobar su uso por la magnitud del perjuicio que desencadenó al Estado el negociado de los lotes petroleros.

"La ilegalidad de las pruebas por este caso de corrupción  es un mensaje sumamente negativo, mas bien impulsa al os corruptos  a seguir delinquiendo", argumentó.

Al respecto, explicó que es muy difícil probar un hecho de corrupción porque son actos que "no suelen dejar huellas", por tanto, tiene sustento el valerse de colaboraciones eficaces por medio de grabaciones.

"Grabaciones en las que no tiene conocimiento el corruptor y de las personas que se involucran en hechos de corrupción u otro tipo de pruebas que muchas veces no son las que normalmente se usan. Entonces con esto (declaración de ilegalidad) están limitando enormemente  la lucha contra  la corrupción", arguyó.

Por su parte, el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza y el procurador adjunto anticorrupción, Erick Betallaluz solicitaron que el tribunal anule su consideración porque generaba un impacto negativo en la sociedad.

Andina

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