¿Cómo combatir el tráfico de terrenos?

Los últimos megaoperativos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han capturado organizaciones criminales como Los rucos de Chilca, Los Injertos de Nuevo Ayacucho y Los babys de Oquendo, dedicadas al tráfico de terreno, entre otros delitos. Pese a sus detenciones, analistas creen que no se ataca la raíz del problema.

“Lo que ocurre es que se ataca el efecto del problema pero no la causa. Vamos a seguir en esa dinámica, se agarra a unas mafias, vendrán otras más”, dijo Wilber Medina, director del centro de derecho procesal constitucional de la Universidad San Martin de Porres, en RPP Noticias.

Registro. Para el abogado, el sistema de catastro nacional debe ser tomado como una política de Estado. Su propuesta es crear una Superintendencia Nacional de Catastro. “Solamente tenemos que fusionar las distintas oficinas de catastro en el Ministerio de Agricultura, en municipalidades, Cofopri, el Instituto Geofísico del Perú. Todo eso se fusiona en una sola y comenzamos a sincerar la tierra en el Perú”, dijo.

Medina explicó que antes de los años 80, cuando una persona quería inscribir su propiedad solo se tenía que presentar un dibujo a mano. Luego se implementó el sistema de coordenadas UTM, que precisa la ubicación de la propiedad sobre la línea ecuatorial. El abogado contó que un ejemplo del problema de catastro fue las Torres de Limatambo en San Borja que el presidente Fernando Belaunde construyó al pensar que era un área pública, sin embargo, después la familia Marsano reclamó ese terreno.

Comunidades costeras. Wilber Medina también dijo que una de las raíces del tráfico de terrenos la constituyen las 200 comunidades campesinas en la costa del Perú. Comentó que hay comunidades campesinas dueñas de tierras en Punta Negra, Pachacamac, Punta Hermosa, Cineguilla, Santo Domingo de Oyeros, entre otros. 

“Son el primer eslabón de los traficantes de tierras porque esas comunidades son dueñas de 150 mil propiedades. ¿A quiénes representa? Esas comunidades son familias de cinco personas”, comentó. Para el abogado, el Estado debe disolver las comunidades campesinas de la costa y recuperar la tierra para poder habilitar ciudades satélites.