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por Redacción RPP
·La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato precisó que Aenza (ex Graña y Montero) inició el pago de la primera cuota de S/15 millones.
La empresa Aenza (antes llamada Graña y Montero) inició este jueves, 28 de diciembre, el pago de los más de S/480 millones que deberá abonar al Estado por la reparación civil fijada en su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana. Así lo informó la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato.
En un comunicado, se detalló que con el pago de la primera cuota de cerca de S/ 15 millones, la compañía comenzó el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales establecidas en el acuerdo firmado con Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc.
El dinero, precisó el sector, fue depositado en las cuentas en soles y dólares de la Procuraduría General del Estado. Los montos ascienden a S/ 10 millones 319 mil 607 y US$ 1 millón 221 mil 735.
En agosto de este año, el Poder Judicial aprobó dicho acuerdo en el que Aenza y sus subsidiarias reconocen responsabilidad penal en los procesos vinculados al caso “Club de la construcción”, así como en otros 16 proyectos de infraestructura, entre los que están el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte y la Vía Expresa Sur de Lima.
Así como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera IIRSA Sur- Tramos 2 y 3, y las Redes Viales 1 y 3 del Cusco.
Aenza deberá pagar en total una reparación civil de S/480 millones, una cifra que incluye intereses legales y que será pagada en doce años.
“Estos montos se suman a los más de S/830 millones por desistimientos en arbitrajes nacionales e internacionales promovidos por la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial ‘Lava Jato’”, se lee en el comunicado.
Fideicomiso y renuncia a arbitrajes
El acuerdo establece la creación de un fideicomiso para garantizar las 12 cuotas de la reparación civil. También incluye una cláusula que prohíbe a la empresa iniciar procesos arbitrales contra el Estado, por los proyectos del acuerdo.
En el marco de las negociaciones para el convenio, la Procuraduría Ad Hoc logró que Aenza y la Municipalidad de Lima suscriban un acuerdo para la terminación anticipada del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur.
Asimismo, consiguió que la empresa se desista de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional del Cusco, con lo cual se evitó que el Estado desembolse más de S/130 millones.
Estas acciones se suman al desistimiento de la compañía para interponer un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/70 millones.
Cabe indicar que estos pagos serán adicionales a los casi S/ 60 millones que sus exdirectivos, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, vienen pagando al Estado por las reparaciones civiles fijadas en sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz.
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