En La Rotativa del Aire, Susana Chávez destacó la importancia el dictamen de la ONU sobre las esterilizaciones forzadas en Perú para las víctimas, mayormente mujeres de zonas rurales, pobres y quechuahablantes. Asimismo, criticó la falta de reparación por parte del Estado peruano.
Susana Chávez, directora de Promsex, analizó el dictamen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que consideró delito de lesa humanidad la política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
"Lo que marca es un precedente muy importante porque en el Perú, lamentablemente, este tema, a pesar de haberse intentado múltiples veces procesos de judicialización y búsqueda de justicia, no ha sido atendido por el país. Esta medida surge a través de una gestión hecha por la asociación de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú que llevan su caso antes la inoperancia o esta dificultad tremenda de reconocer que en el Perú sí se ha vulnerado esos derechos", dijo en RPP.
En La Rotativa del Aire, Susana Chávez analizó la importancia de este reconocimiento para las víctimas, mayormente mujeres de zonas rurales, pobres y quechuahablantes. Asimismo, criticó la falta de reparación por parte del Estado peruano.
"Lo que se generó fue una situación coercitiva. Lo que se menciona es de las 350 mil mujeres que se sometieron a este tipo de prácticas, por lo menos más de 2 mil 500 fueron identificadas, por la Denfesoría del Pueblo de ese tiempo, como mujeres que fueron forzadas. El problema es que esto se dio en comunidades muy pobres, con mujeres con muy poca información", indicó.
Graves efectos psicológicos en víctimas
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó su decisión tras revisar una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997 como parte de una política de control de natalidad durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
"Lo que también plantea es que se exige medidas de reparación. En el 2015 se hizo un registro, no sabemos que ha pasado con él. En ese registro se han reportado más de 1500 personas, pero no ha habido ninguna medida reparativa. Cuando tenemos una sentencia de estas características, nos ponemos en el ojo del mundo como un país que incumple sus obligaciones", indicó la directora de Promsex.
En otro momento, Susana Chávez recordó que estos casos se han reportado en zonas rurales, donde hay mujeres muy pobres y en condiciones muy difíciles. Asimismo, sostuvo que las víctimas de esterilizaciones forzadas pasaron por graves efectos psicológicos.
"Hay que recordar, cuando un país no sana sus heridas tiene muchas posibilidades de volver a cometer estos abusos. Muchas mujeres han sido abandonadas por sus esposos al enterarse que se les había esterilizado, otras han generado situaciones gravísimas de depresión. Cada mujer es una historia. Lamentablemente el Estado no ha reparado a niguna de ellas", afirmó.
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