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por Julio Cisneros
·Se trata de inmuebles distribuidos en las regiones de La Libertad, San Martín e Ica.
El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre 22 bienes inmuebles vinculados a la empresaria Sada Goray, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Fondo Mivivienda’ durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El juez Raúl Justiniano adoptó esta medida al declarar “fundada” la solicitud que hizo la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares reales sobre estos bienes inmuebles consistentes en diez lotes y dos predios ubicados en Trujillo, región La Libertad.
Así como otros cuatro predios, un terreno y un fundo, ubicados en Tarapoto; un predio y un lote en Moyobamba; y un predio en Juanjui, en la región San Martín. También una parcela en Pisco, en Ica.
El magistrado dispuso trabar un embargo, en forma de inscripción, y orden de inhibición hasta por la suma de 36 millones 383 mil 828 soles sobre los derechos y acciones que le corresponderían a dicha empresaria respecto a estos bienes inmuebles, por lo que dispuso que se oficie los partes correspondientes a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.
¿Por qué se aceptó la solicitud de la Procuraduría?
A través de una resolución, emitida el último 30 de enero, el magistrado determinó que las medidas cautelares requeridas por la Procuraduría citada son idóneas, necesarias y proporcionales, pues evita que estos bienes puedan ser transferidos, donados, vendidos o gravados a personas distintas, ya sea natural y/o jurídica, con el objetivo de garantizar en el futuro el pago de la reparación civil a ser impuesta en una posible sentencia.
El juez también precisa que, en el presente caso, la Procuraduría ha fijado como monto de postulación inicial de reparación civil provisional la suma 52 millones 050 mil soles; que, en contraste con el monto del embargo de 36 millones 383 mil 828 soles, resulta que el embargo es inferior al importe de la pretensión civil provisional, "por lo que, resulta razonable dictar el embargo solicitado"
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación preparatoria luego que la empresaria Sada Goray reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, para que su entonces empresa MarKa Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno del expresidente Castillo.
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