por Redacción RPP
·Los abogados penalistas coinciden en que la evidencia contra el joven de 21 años es abrumadora y que la mejor estrategia sería una terminación anticipada.
El caso del atropello y muerte de la seleccionada peruana de buceo Lizeth Marzano ha generado un intenso debate jurídico sobre las consecuencias penales para el joven Adrián Villar. El joven fue detenido preliminarmente este jueves en el distrito de Miraflores por la Policía Nacional, como parte de la investigación fiscal iniciada en su contra por tres delitos (homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente".
Los abogados penalistas Humberto Abanto y Julio César Espinoza analizaron en el programa Las cosas como son, de RPP TV, los hechos objetivos y las posibles rutas judiciales de este suceso.
Para Humberto Abanto, el escenario probatorio contra Villar es indiscutible, ya que hay un "cúmulo probatorio abrumador" y que, por tanto, "la única alternativa es una defensa de negociación". "No veo posibilidad alguna de una defensa de refutación", dijo.
A su juicio, el procesado debe acogerse a una "terminación anticipada, asumir las responsabilidades del acto y tratar de alcanzar los beneficios" que brinda ese procedimiento especial.
Por su parte, Julio César Espinoza coincide en que un "procedimiento simplificado" es el camino legal más probable; sin embargo, enfatiza que "una posible solución negociada en términos absolutamente legales no debe implicar una pena suspendida", considerando la gravedad de los delitos acumulados en el expediente.
De acuerdo con Espinoza, la pena contra Adrián Villar podría fluctuar "alrededor de los 15 años", advirtiendo que, incluso con una reducción por negociación, la sentencia "no debería ser menor de 10 años".
Abanto, en cambio, cuestiona la lectura de su colega y ofrece una perspectiva menos severa sobre el futuro judicial del joven de 21 años.
¿Pena 'ejemplarizadora'?
El letrado afirmó que "si se fueran a los mínimos, yo creo que el horizonte no es tan ófrico como los presenta Julio César", aunque reconoció que la situación sigue siendo "grave, difícil, complicada y pone en jaque" el desarrollo del procesado.
Abanto Verástegui enfatiza la necesidad de evaluar el fin de la sanción, planteando la duda de "si el efecto de la pena efectiva va a ser benéfico o va a aportar al proceso de resocialización y de asunción de responsabilidades" del joven.
No obstante, Espinoza rebate este argumento centrando la atención en la víctima y la irreversibilidad del daño causado. "El proyecto de vida de la deportista Marzano está ya absolutamente liquidada con todo lo que eso significa como carga moral para su familia, mientras que Adrián Villar ha desarrollado y realizado un hecho con decisiones posteriores muy fatales acompañadas por su familia y entorno más cercano que le dotan de mayor gravedad a todo lo que ha sucedido", sostuvo.
Por otro lado, Abanto alega que la justicia no debe usarse para "aterrar", afirmando que "la pena no es ejemplarizadora... la pena es para dar una dosis exacta de represión a la conducta criminal".
En contraste, Espinoza defiende que el sistema debe enviar un mensaje preventivo a una sociedad con enormes problemas de seguridad vial. En esa lógica, añadió que es necesario sancionar para dar un "mensaje general de que, en efecto, el sistema está atento a este tipo de circunstancias".
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