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por Julio Cisneros
·Fiscalía pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
Un total de 65 personas deberán rendir su declaración en calidad de “testigos” dentro del juicio oral que afrontará el expresidente Pedro Castillo y otros desde el martes 4 de marzo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Son 40 testigos presentados por el Ministerio Público y 25 testigos ofrecidos por los acusados que fueron aceptados por el Poder Judicial, entre los cuales se encuentran los exministros, Emilio Bobbio, Félix Chero, César Landa, Alejandro Salas; los Congresistas, Martha Moyano, Heidi Juárez, Vivían Olivos, Adriana Tudela y Diego Bazán.
A ellos se suman Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, los excomandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, entre otros testigos.
También deberán participar en este juicio oral tres peritos presentados por el Ministerio Público y los acusados y se someterá a debate diversa documentación relacionada al caso.
Juicio oral
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la audiencia de instalación de este juicio oral se lleve a cabo de manera “presencial” el martes, 4 de marzo, desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en la sala de audiencias del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido.
El tribunal supremo dispuso que las audiencias de este juicio oral se lleven a cabo tres veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el mismo horario.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el exmandatario, Pedro Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
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Julio Cisneros Periodista
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