Luis Trejo, representante de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), y Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares del Perú (Anacopri) expresaron su preocupación por la falta de medidas concretas para reforzar la seguidad en los centros educativos.
El 17 de marzo se dará inicio a un nuevo año escolar y el país enfrenta un clima de tensión debido a las reiteradas amenazas de extorsión que han afectado a aproximadamente 700 instituciones educativas en todo el territorio naional. De acuerdo con autoridades y representantes educativos, la mayoría de estas amenazas están dirigidas a colegios privados.
En respuesta a esta situación, se han llevado a cabo reuniones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Perú y las asociaciones de padres de familia.
Según declaraciones de Luis Trejo, representante de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), más de 3 mil 223 efectivos policiales serán desplegados para garantizar la seguridad en las instituciones afectadas.
"El inicio de las clases escolares no puede ser detenido por estos actos de delincuentes", dijo Trejo en Ampliación de Noticias de RPP, y enfatizó en la importancia de la coordinación entre las autoridades y la sociedad civil.
Por su parte, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares del Perú (Anacopri), expresó su preocupación por la falta de medidas concretas y documentos formales que respalden las promesas de seguridad hechas por el gobierno.
Quintanilla señaló que muchos colegios optan por pagar extorsiones para poder operar, y resaltó la necesidad urgente de que el gobierno presente una propuesta de seguridad efectiva.
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Extorsión ha llevado a considerar el cierre temporal de clases
La extorsión ha llevado a algunas instituciones a considerar el cierre temporal o la transición a clases virtuales, aunque esta última opción enfrenta desafíos significativos debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada para estudiantes y docentes.
Mientras tanto, las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES) y las asociaciones de padres permanecen en estado de alerta, colaborando con la policía local para vigilar y reportar cualquier actividad sospechosa en los alrededores de las escuelas.
El gobierno se encuentra bajo presión para implementar medidas de seguridad efectivas que permitan un desarrollo normal del año escolar, asegurando la integridad y bienestar de estudiantes, docentes y familias en todo el país.
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